Educación admite que 40 docentes sin euskera pueden perder el puesto

El Gobierno y los sindicatos nacionalistas ELA, LAB y STEE-EILAS firmaron ayer definitivamente el acuerdo que quitará la estabilidad al profesorado interino sin perfil de euskera, aunque se amplía un año, hasta agosto de 2007, el plazo para quienes no tienen agotadas las convocatorias de examen. Educación ofreció ayer una cifra distinta de afectados, que censa ahora en 158 (en junio habló de 183 y 185, sucesivamente). El viceconsejero Koldo Arrese reconoció no poder garantizar que todos los afectados obtengan un puesto en la bolsa de plazas de sustituciones.

El acuerdo firmado ayer supone ratificar la pérdida de la estabilidad para, según las nuevas cifras ofrecidas ayer por el Departamento, 158 docentes que no poseen el perfil de euskera que se les exige y tienen menos de 55 años, edad en la que quedarían exentos de tal exigencia. De ellos, 102 son de perfil lingüístico 1 (conocimientos de euskera), pero se les exige el 2 (permite dar clases en ese idioma). A éstos y a otros 16, es decir, un total de 118 docentes, se les amplía un año, hasta agosto de 2007, el plazo para obtener el perfil.

Los 40 restantes serán, según admitió a EL PAÍS el propio viceconsejero Koldo Arrese, "los peor parados", porque han agotado todas las convocatorias de examen. Los 118 que todavía no lo han hecho podrán seguir liberados. Los primeros se siente discriminados incluso respecto a sus compañeros, ya que estiman que el acuerdo castiga de modo preferente a quienes más esfuerzo han hecho, presentándose a todas las pruebas. Arrese admitió que "paradójicamente" es así.

Para estas 40 personas que ya tienen las puertas cerradas, el próximo será su último curso con empleo garantizado. En septiembre de 2005, deberán esperar a ver si hay para todos plazas sólo en castellano en la bolsa de sustituciones, cosa harto difícil, según reconoce ya el departamento, pese a afirmar que los afectados se hallarán en una situación de preferencia para esas plazas, precisamente por su antigüedad.

Horas después de suscribir el acuerdo con las tres centrales, el viceconsejero Arrese reconocía, en declaraciones a este periódico, que "no está garantizado" que salgan suficientes plazas sin exigencia de perfil lingüístico como para que todos los docentes, empezando por esas 40 personas que han agotado sus convocatorias y suspendido los exámenes, tengan la seguridad de contar con un puesto de trabajo en septiembre de 2005. "En este momento casi todas las plazas tienen propietario", admitió Arrese, "aunque igual de aquí a un año pueden cambiar las cosas".

El viceconsejero apuntó que la pérdida de la estabilidad por estas personas está siendo "más controvertida" porque el factor que la determina es el lingüístico. "El año pasado la perdieron otras 48 por no presentarse a las oposiciones y no hubo ningún ruido", señaló. A su juicio, estos profesores no cumplen uno de los requisitos para conservar la estabilidad lo mismo que los anteriores no cumplieron el de presentarse a todos las ofertas públicas de empleo que convocara el departamento. "Todo el mundo sabe las reglas del juego, han tenido ocho años y lo mismo ocurriría con cualquier otra variable", dijo.

CCOO, principal sindicato del sector, también asistió a la reunión de la mesa sectorial de ayer y mantuvo un agrio intercambio con el Gobierno y los sindicatos firmantes. CCOO sostuvo que el acuerdo estaba sellado antes de la cita y su responsable de Enseñanza, Javier Nogales, afirmó que "sigue rezumando la misma filosofía sectaria". El sindicato mayoritario en la enseñanza advirtió a Educación de que este acuerdo "va a condicionar la negociación futura sobre las condiciones de los 22.000 docentes vascos".

STEE-EILAS fue el único de los firmantes que defendió en una nota la bondad del acuerdo. Esta central resaltó que la consolidación del cupo de 1.500 interinos estables hasta 2006, supone "un avance" respecto a "las duras posiciones iniciales del departamento", pero no hizo ninguna referencia a las 158 personas que perderán su condición.

El diputado del PP Iñaki Oyarzabal sostuvo que los firmantes "han actuado como comisarios políticos, echando a unos profesores para que dejen hueco a los suyos", en referencia a las 158 personas con perfil de euskera que ocuparán en septiembre el hueco de los afectados. El PP denunció también el agravio comparativo respecto a la política adoptada cuando se publificaron las ikastolas. "Entonces se arbitraron mecanismos para introducir en el sistema por la puerta de atrás a profesores que no tenían acreditado el perfil lingüístico ni la titulación exigida", recordó.