Greenpeace exige el cierre de la incineradora de Valdemingómez

Greenpeace exigió ayer al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad el cierre cautelar de la incineradora de Valdemingómez, tras conocer una denuncia de la Fiscalía de Madrid que pone de manifiesto el supuesto "descontrol" de la planta en la emisión de sustancias tóxicas al entorno.

La organización ecologista considera también necesario que el plan de gestión de basuras en Madrid cuente con el control social de organizaciones independientes, con el fin de conseguir una reducción progresiva de su impacto sobre el medio ambiente, así como la creación de una comisión de control.

La denuncia de la Fiscalía de Madrid ha sido bien acogida por los ecologistas, que desde hace tiempo venían denunciado un supuesto mal funcionamiento de la incineradora. Según el director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, "las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado ante el mal funcionamiento de Valdemingómez".

La denuncia de la Fiscalía de Madrid señala que la incineradora está provocando el lanzamiento al exterior de agentes tóxicos que están afectando a aves que anidan en un perímetro de cinco kilómetros a la redonda. La fiscalía adjunta a su denuncia informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Guardia Civil.

García-Loygorri

Por su parte, la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid y el ex concejal del área, Adriano García-Loygorri, aseguraron ayer que los controles de las emisiones de la incineradora de Valdemingómez son severos y las emisiones están por debajo del límite legal.

Fuentes de la concejalía de Medio Ambiente explicaron que, aunque no han recibido la denuncia del fiscal Emilio Valerio, de la que sólo tienen constancia por las informaciones publicadas por EL PAÍS, "el funcionamiento de la instalación es normal y no hay riesgo ni para las personas ni el medio ambiente".

Valdemingómez tiene un protocolo de explotación que establece controles trimestrales sobre emisiones de dioxinas y furanos (elementos bioacumulativos) que deben remitirse a la Comunidad de Madrid, según el consistorio. Dado que la planta tiene tres líneas (hornos) cada mes se controla uno de ellos y los datos son analizados en Barcelona, en el laboratorio del profesor Ribera, uno de los más prestigiosos en su campo, añaden estas fuentes.

El ex concejal de Medio Ambiente, Adriano García-Loygorri, señaló a Efe que no le consta la denuncia y que el incidente de 2001 "duró dos horas", y que "por estudios que mandé hacer sobre el suelo y el ganado del lugar, no tuvo ningún efecto posterior". "Es más", añadió, "una empresa mide la calidad del aire en cuatro puntos del entorno, y el suelo en diez puntos, y ninguno de ellos presenta restos de emisiones por encima de lo establecido, incluso hay menos dioxinas y furanos que antes del 95, año en que se puso en funcionamiento la incineradora".