La ministra dice que el trasvase usaría un 50% más de energía que la desalación

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, abordó ayer en Valencia una larga jornada de reuniones con dos objetivos: "explicar" la derogación del trasvase del Ebro y la nueva política del agua, y "escuchar" a los afectados. Narbona dijo estar dispuesta "a dialogar con quien quiera" y destacó que los encuentros de los últimos dos meses han permitido incluir propuestas de regantes y agricultores en el plan de medidas urgentes contra el déficit de agua. Ante la Delegación del Gobierno, donde la ministra inició las reuniones, unos cincuenta agricultores convocados por Jóvenes Agricultores de Alicante desplegaron pancartas de lema Agua para todos y repartieron pegatinas de la manifestación de 2002.

La ministra reiteró que la "voluntad" del Gobierno "es proporcionar agua con garantía, al menor coste posible y cuanto antes", con un plan que prevé dotar a la Comunidad Valenciana de 400 hectómetros cúbicos con una inversión de más de 1.200 millones de euros. Según Narbona, la valenciana será la autonomía en la que más se invertirá para "dar respuesta a la demanda de agua, pero de verdad" frente a un trasvase que no aportaría ni "el 60% de lo prometido".

Narbona recordó que los recursos anunciados provendrán de la modernización de los regadíos, aguas depuradas, la gestión eficiente de los recursos y la desalación. En ese sentido, rechazó las críticas del PP sobre los impactos medioambientales de las desaladoras y mostró una fotografía de la anterior ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, brindando con el agua fabricada en la planta de Alicante. Narbona se preguntó si entonces la desaladora no dañaba la Posidonia o emitía gases de efecto invernadero, y aseguró que el trasvase necesitaba un 50% más de energía que las 20 nuevas plantas.

Narbona citó como "prioridad absoluta" la transformación de las confederaciones hidrográficas para lograr una gestión eficiente del agua, ya que según afirmó sólo se conoce "un 25% de la realidad" de los derechos y usos. La ministra añadió que la Comunidad Valenciana "no tiene ni de lejos el porcentaje de regadío eficiente de Murcia" y lo concentra en Alicante.

El ministerio impulsará obras "ralentizadas o paralizadas" en la etapa del PP, previstas en los anexos del Plan Hidrológico Nacional y reclamadas por los regantes, como la presa de Vilamarxant. Y revisará las obras iniciadas, entre ellas las del Pacto del Agua de Aragón y el trasvase Júcar-Vinalopó, para determinar si responden a las necesidades y hay recursos.

El Gobierno ha modificado el objeto social de la empresa estatal Trasagua, que debía construir el trasvase, y la ha bautizado Sociedad Aguas de la Cuenca del Mediterráneo. Estará dirigida por Adrián Baltanás, ex director general de Obras Hidráulicas con el PSOE. La sociedad ejecutará las actuaciones alternativas, seis de ellas declaradas urgentes a petición de los regantes, mientras que la Confederación del Júcar hará otras 23 obras solicitadas por los agricultores.