El Ayuntamiento propone nombrar a los jueces de distrito de Barcelona

Es un modelo nuevo de justicia: juzgados de proximidad en todos los distritos de Barcelona. El Ayuntamiento propone que estos jueces -no necesariamente licenciados en Derecho- sean designados por el pleno del consistorio. Serán jueces con competencias para solventar pleitos en materia civil, laboral y penal, con límites de cantidad en lo civil y laboral, y en los asuntos de faltas, en la jurisdicción penal.

La propuesta se enmarca en la negociación de la Carta Municipal con el Gobierno central y persigue dar una respuesta más rápida a multitud de conflictos de menor entidad, que son los que inundan los juzgados. El coste de las nuevas oficinas sería de unos 30 millones de euros anuales.

El proyecto que defiende el consistorio ha sido elaborado por el magistrado Ángel García Fontanet, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y de la Fundación Pi i Sunyer. El apartado de justicia de proximidad es uno de los más importantes, junto con el régimen de financiación, que se quedó pendiente de negociar con el Gobierno de José Maria Aznar. Ahora, el consistorio propone un articulado nuevo -elaborado por varios catedráticos de Derecho Administrativo y tributario, entre ellos Tomás Font, Manuel Ballbé, Joan Ramallo, Carles Pareja y Joan Perdigó- que pormenoriza las pretensiones de la Carta en los ámbitos que suponen modificar leyes generales, como las relativas a seguridad, financiación y justicia. La propuesta, que será debatida con los grupos de la oposición municipal de CiU y el PP, está siendo estudiada por el Gobierno catalán, con el que se quiere hacer frente común para defenderla ante la Administración central.

Lo que se propone es un cuerpo nuevo: el de proximidad en cada uno de los distritos. En cuestiones civiles, este cuerpo sería competente en los pleitos de reclamaciones de deudas de hasta 3.000 euros, la misma cantidad que se marca en la defensa de los consumidores y usuarios, y contra acuerdos municipales en materia de sanciones y fiscalidad. También intervendría en controversias del ejercicio de la patria potestad y la guardia y custodia. En el ámbito penal, las competencias se ceñirían a las faltas contra las personas. La elección de estos jueces de proximidad se realizaría por concurso, y en una segunda fase, por aprobación por mayoría absoluta del pleno municipal, tras lo cual se informaría al Consejo de Justicia".

Los jueces no tendrían que ser licenciados en Derecho. Los requisitos son ser español y mayor de edad, y no estar incapacitado, y su mandato se limitaría a siete años. Se crearía una fiscalía de proximidad dirigida por un fiscal nombrado por el fiscal jefe del Tribunal Superior. El personal de los juzgados de proximidad sería designado por el Ayuntamiento "entre sus funcionarios" y el secretario deberá ser licenciado en Derecho.

Si en materia de justicia el planteamiento es ambicioso, otro capítulo en el que el Ayuntamiento quiere batallar es el de la financiación. Se pretende incrementar la participación en los ingresos del Estado a través de los impuestos -IVA, IRPF e impuestos especiales- de los 700 millones de euros actuales a 800.