El Banco de España responsabiliza a los consejos de la actividad en paraísos fiscales

El Banco de España, a través de la Memoria de Supervisión, ha lanzado una dura advertencia al sector bancario, que tiene filiales en paraísos fiscales, y les recuerda que el consejo de administración "debe asumir la responsabilidad, conocer y medir los riesgos legales y de reputación en que se incurre". Además, dice que, aunque en estos países sea legal la no declaración expresa de los titulares de cuentas, las entidades españolas deben tener "identificación precisa del cliente". Con mayor o menor intensidad, el Santander, BBVA, La Caixa, Banco Popular y Caja Madrid trabajan en estos paraísos.

La Memoria de Supervisión Bancaria del Banco de España aporta una novedad relevante: dedica un apartado completo a "La política de las entidades de crédito en la expansión internacional de sus actividades a través de establecimientos off-shore". El organismo supervisor, que utiliza esta denominación en inglés para referirse a los paraísos fiscales, muestra una vez más su preocupación por este asunto, que tantos ríos de tinta ha provocado en los últimos años por los escándalos internacionales (Parmalat, Enron, Worldcom, Ahold, Arthur Andersen) y nacionales (fondos de pensiones del BBV) con vinculaciones con sociedades en paraísos fiscales.

En la Memoria se acota lo que es un centro off-shore: territorios con fuerte actividad de no residentes; donde existen facilidades para obtener licencia bancaria; la supervisión está poco desarrollada; se puede operar sin presencia física; hay un régimen especial sobre secreto bancario y hay también importantes ventajas fiscales.

En una vuelta de tuerca más del organismo que dirige Jaime Caruana, se establece que si se desarrolla la banca privada, "el Consejo de Administración de la matriz debe evaluar constantemente la necesidad de operar" en estos paraísos así como "conocer y medir los riesgos legales y de reputación en que se incurren, que no se eliminan por el mero hecho de que se lleve a cabo una gestión bancaria ortodoxa, y valorar siempre si la rentabilidad que aporta al grupo cualquiera de sus actividades justifica el nivel de riesgo asumido".

Asumir la responsabilidad

Por si quedaban dudas, especifica que el consejo "debe asumir expresamente la responsabilidad del mantenimiento de cada establecimiento en el exterior". Por eso le encomienda la política de inversión, el tipo de actividad, los límites aplicables, las medidas que se deben tomar para mitigar riesgos, los controles que se han de efectuar y la información disponible.

El máximo órgano de administración deberá "definir los criterios específicos sobre inversión directa o indirecta de fondos de los clientes en activos computables como recursos propios u otros emitidos por el grupo". El supervisor quiere asegurar la máxima implicación de los órganos de administración de la entidad matriz y el control efectivo por ésta y procurar la máxima transparencia en su desarrollo.

Además del Consejo en general, otras comisiones tienen responsabilidades directas sobre los paraísos. Caruana apunta al Comité de Auditoría de la matriz, que debe supervisar el control interno de estas filiales. Hasta mediados de 2003, buena parte de las cajas de ahorros y bancos justificaron su presencia en los paraísos porque era más rentable fiscalmente que en España emitir acciones preferentes. Ahora, esta situación no se produce porque se ha cambiado la legislación española. El supervisor recuerda sutilmente a este grupo de entidades que "deben evitar el uso de un mismo vehículo para canalizar actividades diferentes y que los fondos captados no se remansen en el propio centro off-shore, sino que se localicen en entidades on-shore del grupo".

El supervisor pide que las filiales y la matriz sean auditadas por la misma compañía, así como que, por la aplicación de la política de prevención de blanqueo de capitales, velen por el conocimiento de los clientes. Además, otra responsabilidad más para el Consejo: el auditor interno y externo de estas sociedades deben estar supervisados por Responsable de Cumplimiento Normativo que, al menos, una vez al año, debe realizar un informe para el consejo. Incluso, la Memoria de Supervisión aclara que "toda la información relativa a los procedimientos y controles establecidos deberá estar a disposición del Banco de España".

¿Cúal es el precio que se puede pagar por esta actividad? El supervisor recuerda a la banca sobre "los posibles riesgos de reputación en que pueden incurrir las entidades al definir estratégicamente el contenido, localización y la forma de sus actividades". También apunta que el riesgo de reputación no es estático y que evoluciona con la percepción que tienen los mercados y la sociedad en general.

Precisamente, una de las últimas manifestaciones sobre este asunto la ha protagonizado el magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que abordó en tema en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander. Según el jurista, "el blanqueo de capitales del narcotráfico no podría hacerse sin el conocimiento del sistema financiero, que utiliza la invocación al secreto bancario en las investigaciones". El magistrado destacó los 7.500 millones de euros a los que, según Hacienda, asciende la cantidad blanqueada por tráfico de drogas.

Martín Pallín recordó que, en el caso del narcotráfico gallego del Pazo Bayón, se comprobó que casi todas las cajas de ahorro de Galicia y la mayor parte de los bancos nacionales habían participado en el circuito de blanqueo. También apuntó que, pese a a que los paraísos hacen la competencia con los bancos tradicionales, éstos nunca han pedido que se acabe con ellos "lo que parece indicar que de alguna manera se benefician de ellos", señaló.