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COLUMNA

La comisión

Por muchas razones, es preciso tomar con precaución los sucesivos resultados que vaya produciendo el trabajo de la comisión parlamentaria encargada de analizar qué ocurrió efectivamente en torno al 11-M. Mi experiencia de estudio sobre documentación procedente de fuentes policiales indica que éstas son fiables cuando se trata de expresar una información apoyada en datos concretos. Lo son menos en los casos en que tratan de extraer consecuencias y de apuntar posibilidades a partir de una estimación general. Tenemos un buen ejemplo en el informe de la Subdirección General de la Guardia Civil, ampliamente extractado en este periódico, en el cual, ocho días antes de iniciarse la guerra de Irak, dicho organismo alertaba acerca de la posible "comisión de actos ilícitos de diversa índole, incluso de carácter terrorista", por parte de "grupos radicales, incluidos movimientos (sic) extremistas musulmanes". Todo ello tomando como referente las manifestaciones de masas contra la guerra. Lo que en principio parece una información de primera importancia, es en realidad una manifestación más del que llamaríamos discurso de Casandra que desde muy antiguo viene afectando al discurso tradicional de todas las policías. En el franquismo tuvimos muchísimas muestras de esa forma de curarse en salud, por una parte, y propiciar medidas de orden por otra: así, si unos obreros se concentraban en una huelga por el convenio, siempre la policía avisaba que previsiblemente el orden sería alterado y se proferirían gritos contra el régimen. Así que hay que tener cuidado y separar el trigo de la paja. Un informe transmitiendo informaciones sobre actividades concretas de grupos islamistas o posiciones expresadas por la red Al Qaeda respecto de España, merece atención y credibilidad. Las suposiciones de carácter general han de ser puestas en tela de juicio.

Y no será fácil que semejante cautela sea adoptada por todos los miembros de la comisión, dado que en nuestro caso, a diferencia de lo ocurrido el 11-S en Estados Unidos, el infame acontecimiento del 11-M se ha transformado en una cuestión de partido. Allí se trata de conocer qué es lo que funcionó mal, ante todo en cuanto a la prevención de los atentados, y a las responsabilidades concretas susceptibles de ser descubiertas en ese proceso. El interés nacional prevalece sobre cualquier otro objetivo. A la vista de los primeros pasos, aquí va a imperar la intención política de descubrir los respectivos fallos, de manera que para unos el comportamiento del Gobierno de Aznar sea objeto de una condena definitiva, y para otros quede al descubierto que la movilización "espontánea" de la jornada de reflexión fue un montaje ilegal de la izquierda. De esta orientación no se libran otros grupos políticos: ejemplo, alguna de la personalidades solicitadas por el PNV, sin competencia particular en el campo de los movimientos terroristas musulmanes, sólo puede estar ahí por ser conocidas sus posiciones sobre la responsabilidad de Aznar en el conflicto de Irak.

Claro, que la actitud adoptada desde el primer momento por el PP hace posible que aquello que en principio fue una desviación se convierta en una necesidad. Resulta inaceptable la inexistencia de documentos relativos al funcionamiento del informal gabinete de crisis en los momentos cruciales que siguieron al atentado. Además, los primeros informes conocidos gracias a la comisión respaldan la ya conocida impresión general, sólidamente asentada en pruebas documentales, de que el Gobierno desatendió por razones de baja política aquellas advertencias de los órganos de seguridad sobre la absoluta prioridad de la hipótesis islamista sobre la etarra. Vale la pena confirmarlo.

No es bueno, sin embargo, que cada documento en poder de la comisión sea inmediatamente filtrado a la prensa con el fin de desacreditar al adversario. Este hecho viene, además, a justificar las reservas del actual Gobierno para desclasificar determinados documentos donde quedan recogidos aspectos esenciales de la labor de los servicios de inteligencia. Si al día siguiente van a pasar al dominio público, más vale seguir ignorando cuestiones que fijan responsabilidades, pero que no aportan nada a lo esencial: la génesis sociopolítica y organizativa de los atentados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de julio de 2004