"Un magistrado enérgico y ambicioso"

Al juez Santiago Torres -actual titular del Juzgado 32 de Madrid e instructor del caso Tabacalera- algunos colegas le definen como "enérgico, ambicioso y que le gusta ser protagonista de la prensa". Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Torres acaba de pedir una fianza de 4,9 millones de euros al presidente de Telefónica, César Alierta; a su esposa, y a un sobrino de éste por presunto uso de información privilegiada en la compra de valores de Tabacalera, de la que Alierta fue presidente.

El caso Tabacalera no es el primero de resonancia pública que instruye este juez (perteneciente a la promoción de la Escuela Judicial de 1989). Torres es el magistrado que ordenó, el 8 enero de 1999, el ingreso en prisión del fallecido ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, por el desvío de 2,7 millones de euros del erario municipal al Atlético. Siete días después de meterle preso le dejó en libertad tras el pago de una fianza de 601.000 euros "por razones humanitarias". Gil padecía hipertensión arterial.

La estancia de Torres en Marbella, donde había recalado procedente del decanato de los juzgados de Barcelona, no fue una balsa de aceite. Su actuación en el caso Atlético le convirtió en diana de muchas lindezas verbales del entonces regidor marbellí. En agosto de 2000 Torres dejó el Juzgado de Instrucción 7 de la turística localidad malagueña y pidió traslado a los juzgados de Madrid. El Consejo del Poder Judicial lo destinó al Juzgado de Primera Instancia 34 de la plaza de Castilla. Un juzgado que sólo atiende pleitos de índole civil (conflictos entre usuarios no tipificados en el Código Penal). "Por la materia que llevan, los juzgados civiles son más tranquilos y menos expuestos a revuelos y la atención mediática que los de instrucción (que son los que investigan delitos)", aclara un colega suyo. Por eso, en el Consejo llamó la atención que Torres, que había sufrido episodios delicados de salud, dejase un juzgado "relativamente tranquilo" para hacerse cargo del Juzgado de Instrucción 32, que se había quedado vacante, y en el que esperaba una patata caliente, el caso Tabacalera, objeto de seguimiento periodístico.

El Consejo accedió al cambio de juzgado porque, entre los solicitantes, Torres era el más antiguo en el escalafón. Fuentes jurídicas aseguran que el Consejo intentó demorar en lo posible el cambio de juzgado de Torres. "Entonces estaba el PP en el poder, las elecciones se avecinaban y en en esas pesquisas estaba implicado el presidente de Telefónica, próximo al PP". Cuando Torres llegó por fin al Juzgado 32 se topó con que el caso Tabacalera había sido archivado por su antecesor, Juan Luis Rodríguez Pons, y que la Audiencia de Madrid había ordenado reabrirlo.