En tinieblas

Los apagones de luz se han convertido en incidentes habituales de los veranos españoles. El lunes, un corte de suministro de energía eléctrica dejó sin servicio a 60.000 clientes de Endesa en Sevilla; horas después, un nuevo apagón afectó a otros 120.000 entre la capital y la provincia, y el miércoles se quedaron sin luz 53.000 usuarios de Endesa en Sevilla y Granada. Si la calidad del servicio eléctrico de un país es inversamente proporcional al número e intensidad de las interrupciones del suministro, pocas dudas caben de que en España ha descendido considerablemente, aunque todavía no se ha producido un incidente de tintes catastróficos, como los registrados en Italia o en Nueva York.

Parece existir un cierto acuerdo en que la última crisis eléctrica en Andalucía está causada por el deterioro de las redes de distribución que trasladan la electricidad desde las estaciones eléctricas hasta los hogares, y ese deterioro es consecuencia, a su vez, del descenso o ausencia de inversiones de las compañías en mejorar o ampliar las redes. Las empresas no han atendido las obligaciones inversoras que exige la calidad del suministro a los usuarios, quizá porque han preferido invertir en actividades de diversificación -cuando es evidente que obtienen sus ingresos mediante tarifas reguladas- o porque entienden que las deficiencias en el servicio constituyen una presión efectiva sobre las autoridades públicas para que suban las tarifas.

El caso es que las redes de Endesa en Andalucía no han resistido el aumento de la demanda y se han fundido con el crecimiento exponencial del consumo, impulsado por el calor y la multiplicación de los aparatos de aire acondicionado, hábitos de los españoles a los que el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, atribuye la responsabilidad del gasto excesivo. Para estimular las inversiones en redes de distribución sería conveniente que el Gobierno modificara la estructura de las tarifas, sin que ello signifique aumentarlas. Un complemento ideal sería aplicar con el máximo rigor las sanciones debidas en caso de apagones.