La radio comercial pide a la Administración medidas contra las 2.900 emisoras ilegales

La proliferación de emisoras ilegales está destruyendo el futuro de las legales. Éste es el diagnóstico de la Asociación Española de Radio Comercial (AERC), que, tras detectar la existencia de 2.928 emisoras piratas en España, ha acordado reclamar a la Administración que adopte medidas para expulsar del dial a los operadores que ocupan fraudulentamente las frecuencias. La AERC propone que se reordene el sector, con un nuevo plan técnico si fuera necesario, para evitar que el radio manta -un fenómeno comparable al top manta- amenace la supervivencia del sector.

La pasividad de las autoridades ha llevado a la multiplicación, especialmente en los dos últimos años, de las radios ilegales, según expuso ayer el presidente de la AERC y director general de la SER, Daniel Gavela, durante la reunión anual de los operadores comerciales. La asamblea debatió las conclusiones de un informe sobre el sector y la alarmante instalación de 2.419 emisoras en el dial, a las que se suman al menos otras 509 municipales (la mitad de las existentes). De este modo, el total de frecuencias ilegales (2.928) casi triplica al de legales (1.191).

La situación ha adquirido tales dimensiones que las radios sin licencia se han organizado para emitir en cadena. Es el caso de Radio Amistad (35 frecuencias), Somos Radio (28) o Mas Radio (17). A menudo, estos operadores invocan el derecho a la libertad de expresión para dar el salto al espectro.

La AERC puso ayer de relieve la "preocupación" del sector, ya que las emisoras que actúan fuera de la ley no sólo ocupan ilegalmente una frecuencia, sino que en la mayoría de los casos responden al modelo de economía sumergida. Hasta tal punto actúan impunemente, que, paradójicamente, "es más difícil operar desde la legalidad que desde la ilegalidad manifiesta".

En el ámbito mundial, España es "la excepción radiofónica", advirtió Gavela, por cuanto que en ningún otro país se ha producido una "ocupación ilegal". Insistió en que el problema "es político, no normativo". De hecho, ocupar una frecuencia sin autorización puede llevar acarreada una sanción de dos millones de euros y el precintado de los equipos. Pero la AERC ha comprobado que la legislación no se cumple, pese a que la Administración tiene recursos suficientes para ello. La entidad ha trasladado su inquietud al ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, que recientemente anunció la elaboración de una ley audiovisual general que regule la radio y la televisión. Los operadores comerciales estiman que la normativa debería adaptarse a los nuevos sistemas tecnológicos y se muestran partidarios de que se adopten "cuantas medidas sean necesarias, incluida la revisión de los planes técnicos", para regular el sector.

La AERC acordó también solicitar al Gobierno la creación de una comisión mixta para lograr "la limpieza efectiva del espectro". Por comunidades autónomas, Madrid es la cabecera de las redes piratas, con 142 emisoras; Canarias alberga 434, y Andalucía, 363. En Cataluña se han cuantificado 195, a las que hay que añadir otras 95 que están en una situación jurídica atípica.