Prisionero de Irak

La anticipada entrega de Sadam Husein a la custodia legal, no personal, de las nuevas autoridades iraquíes es un gesto simbólico utilizable tanto por Washington como por Bagdad. Nadie puede creer seriamente que el Gobierno interino de Ayad Alaui, al que el plenipotenciario Bremer entregó furtivamente los trastos el pasado lunes, tiene los instrumentos para dirigir los destinos del caótico país árabe. Pero EE UU quiere demostrar su compromiso con la transferencia de poderes y Bagdad pretende esgrimir ante los suyos los primeros frutos del fin formal de la ocupación. La voluntad de los nuevos gobernantes por afirmar rápidamente su autonomía se puso de manifiesto ayer con medidas como la reinstauración de la pena de muerte o el anuncio de una amnistía para los iraquíes no implicados en delitos de sangre.

Está previsto que Sadam escuche hoy, en su primera comparecencia pública desde que fuera capturado en diciembre, los cargos por los que va a ser juzgado por un tribunal especial: crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Y junto a él, un puñado de sus máximos colaboradores, entre ellos figuras notorias como Alí el Químico o el ex viceprimer ministro Tareq Aziz, todos ellos bajo la custodia legal del Gobierno provisional desde ayer. Va a comenzar ahora un camino largo y tortuoso, inextricablemente mezclado con la cruel realidad de la calle, en un periodo crucial que debe desembocar en las elecciones previstas para enero. El tribunal, en cualquier caso, está todavía en fase embrionaria y pocos piensan que el juicio pueda iniciarse antes del año próximo. Sadam seguirá hasta entonces bajo vigilancia estadounidense, aunque técnicamente, con su entrega a los iraquíes, haya dejado de ser prisionero de guerra y no pueda, por tanto, ser interrogado, como hasta ahora, por sus carceleros.

Pronto conoceremos si, como enfatiza el primer ministro Alaui, Sadam y sus secuaces van a tener procesos justos, con derechos que ellos nunca otorgaron a los demás durante 35 años de dictadura. Las garantías judiciales serán elemento básico tanto para la credibilidad de los gobernantes iraquíes, actuales y futuros, como para saldar sin posibilidad de agravios las cuentas entre el tirano de Tikrit y sus víctimas y sentar las bases de una imprescindible reconciliación nacional. Los augurios, sin embargo, son profundamente desalentadores y sugieren que los responsables iraquíes han comenzado a buscar atajos a la situación crítica del país. Así hay que interpretar la decisión del Ejecutivo transitorio de reimponer la pena de muerte para algunos delitos, lo que significa que el tribunal que enjuicie a Sadam dispondrá de un recurso legal abolido en la inmensa mayoría de los países democráticos.