El fiscal del Estado asegura que no admitirá presiones corporativas

Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, aseguró ayer en el Congreso que no admitirá "condicionamientos, gobiernos en la sombra en el ámbito del ministerio fiscal o limitaciones de carácter asociativo o corporativo que puedan impedir el ejercicio" de sus facultades. Terrorismo, violencia doméstica y siniestralidad laboral serán sus tres grandes preocupaciones. El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, le aseguró pleno apoyo para estos objetivos, pero le reprochó la política de nombramientos que ha iniciado.

La primera comparecencia de Conde-Pumpido ante la Comisión de Justicia del Congreso se prolongó más de cuatro horas y media. En su planteamiento inicial, el nuevo fiscal del Estado desgranó los objetivos fundamentales de su actuación, adelantando ya algunas premisas que utilizó para contestar a los reproches sobre los 12 nombramientos de fiscales que ha hecho en los dos meses que lleva en el cargo. El PP había pedido su comparecencia para preguntarle por estas cuestiones.

Además de la lucha contra el terrorismo y contra la violencia doméstica, Conde-Pumpido insistió en que quiere terminar con las situaciones de impunidad con que se resuelven, en muchos casos, las responsabilidades por los accidentes laborales. Pretende, dijo, que "la violación de las normas de seguridad en el trabajo deje de ser rentable" ya que, en demasiadas ocasiones, todo acaba en una indemnización, previamente estimada como riesgo de la empresa.

Todos los portavoces de los distintos grupos mostraron una sincera satisfacción por la llegada de Conde-Pumpido a la Fiscalía General. También el portavoz popular le felicitó sinceramente pero, en un guión sin sorpresas, de él partieron los mayores reproches. Astarloa se centró en el capítulo de los nombramientos, y aunque Conde-Pumpido acabó diciendo que se estaba dedicando demasiado tiempo a esa cuestión y que, en su opinión, "no es lo que a los ciudadanos más preocupa", lo cierto es que este capítulo ocupó una parte sustancial de su comparecencia.

Mérito y capacidad

Las críticas de Astarloa hacia el nombramiento de Mariano Fernández Bermejo como fiscal de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, al que acusó abiertamente de actuar con animadversión hacia personas del PP, llevó a un debate bastante explícito sobre el predominio en los órganos de gobierno de la carrera fiscal de miembros de la Asociación de Fiscales, de tinte conservador. Conde-Pumpido defendió la necesidad de sostener criterios de mérito y capacidad para los nombramientos, pero combinados con cierto "equilibrio" para evitar que siempre queden fuera los de asociaciones minoritarias o los independientes no adscritos a ninguna asociación. La idea del equilibrio le pareció a Astarloa, cuando menos, inquietante.

Julio Villarrubia, portavoz del PSOE, intervino en términos muy duros al referirse a la cuestión de los nombramientos y aseguró que "hay que tener poca vergüenza política para hablar de politización de la justicia y de la política de nombramientos, después de ocho años de absoluto atropello", por el Gobierno del PP, en este terreno. Para Villarrubia, se trata de una auténtica "perversión del lenguaje".

Conde-Pumpido -al que Astarloa le agradeció, retóricamente, "la elegancia" con la que no había contestado algunas cuestiones que le había planteado- recordó que cuando el año pasado se nombraron nuevos fiscales jefes de los Tribunales Superiores de Justicia, de los 11 propuestos por el entonces fiscal general, Jesús Cardenal, con acuerdo del Consejo Fiscal, sólo uno pertenecía a la Unión Progresista de Fiscales y, a ese, lo rechazó el Gobierno.