"Se debe exigir más lealtad a cambio de transferencias"
José Álvarez Junco (Viella, Lleida, 1942) catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Complutense, acaba de ser nombrado director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Aunque especialista en los avatares políticos del siglo XIX español, el profesor Álvarez Junco es un colaborador habitual de prensa que analiza con el mismo rigor la realidad conteomporánea. Estos días ha participado en el X Simposio del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, sobre Identidades territoriales y construcción nacional.
Pregunta. No ha pasado una semana de su firma y el catedrático Francisco Rubio Llorente ya ha comentado que la Constitución europea no es tal, sino un tratado.
Nuestra organización actual es prácticamente federal. Como referencia hablaría de Canadá
Respuesta. No soy un experto constitucionalista como el profesor Rubio Llorente, pero sí, me parece que, formalmente, no estamos ante una constitución.
P. Da la impresión, sin embargo, que al hilo de la Constitución europea se han agitado las aguas nacionalistas en España.
R. No estoy seguro de que esta Constitución haya intensificado los nacionalismos; más bien creo que la construcción europea puede aliviar esas tensiones. Este nuevo ordenamiento quita poder al Estado clásico hacia arriba, y al mismo tiempo resta atractivo a la creación de estados nuevos, ya que no sólo desaparecen las referencias estatales clásicas (moneda y fronteras) sino que hasta se habla de un ejército europeo. Es más, me parece que las peticiones de nacionalistas vascos o catalanes están ligadas sólo a la ubicación de sus autonomías en el Estado español.
P. ¿Ve compatible el plan Ibarretxe con la Constitución?
R. Me da la impresión de que en el plan Ibarrretxe hay un planteamiento general de la soberanía del pueblo vasco que no es compatible con la soberanía nacional.
P. El anterior Gobierno llegó a impulsar cambios legislativos muy duros con el fin de evitar que se llegará a debatir este plan. ¿Qué le parecen?
R. Creo que el nuevo Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no sólo tiene otro talante, sino que va a derogar algunas leyes que aprobó Aznar a última hora, de dudoso carácter democrático.
P. ¿Puede llevar la defensa de la unidad de España a forzar los límites de la democracia?
R. Es posible que en determinadas zonas de España hubiese ocurrido eso, que se considerase que la democracia era una manera de mantener la unidad nacional por encima de la voluntad popular. Pero también hay que tener en cuenta que la unidad de España no es una fórmula fija. Hay países del mundo, por ejemplo Estados Unidos, formados por estados que tienen no sólo distinta fiscalidad, sino también diferentes normas de circulación, y nadie duda a qué país pertenecen. Lo que ocurre es que en España durante el siglo XIX y parte del XX ha imperado el modelo jacobino, centralista, de inspiración francesa, y cuesta comprender el país desde otro punto de vista.
P. ¿Cuál es su modelo de organización de España?
R. Yo hablo de una España compleja y plural, que tiene dos partes bien definidas: por un lado España; por otro, lo complejo y plural. No vayamos ahora a pluralizar y perdamos la primera parte.
P. Es decir, una suerte de federalismo.
R. Sí, que es, además, prácticamente nuestra organización actual. Si tengo que citar alguna referencia hablaría de Canadá, Suiza o, incluso, el Reino Unido, donde Escocia y Gales cuentan con un grandísimo nivel de personalidad regional y nadie vive con dramatismo que el Reino Unido se vaya a romper.
P. Ahora que se habla de revisar los estatutos, de ceder nuevas transferencias, también hay quien recuerda que se podrían recuperar algunas competencias por el Gobierno central.
R. Yo no insistiría en ese aspecto. Encuentro muy difícil que, después del complejo proceso de transferencias, se pueda volver atrás. Sí creo que se puede exigir una creciente lealtad a cambio de transferencias. Es como si se dijera: "Yo le doy a usted más transferencias, pero usted tiene que decir que está cómodo en esta nueva relación con el Estado".
P. También los ayuntamientos solicitan más competencias.
R. Esa es una asignatura pendiente. Si al principio de la democracia se hablaba de un reparto equitativo del poder al 33% para el gobierno central, autonomías y ayuntamientos, la realidad es que los porcentajes son 45%, 45% y 10%. Las administraciones locales han sido las grandes perdedoras del proceso democrático. Eso sí, para que obtuvieran ese poder, tendría que haber una limpieza de los consistorios. Es el nivel de la administración española donde hay una mayor falta de transparencia, de amiguismo. Si se puede hablar de corrupción en algún ámbito, hay que acudir a los ayuntamientos. Así que antes de realizar cualquier cambio competencial, habría que sanear esas instituciones y crear las medidas de control necesarias.
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