El Consistorio nombrará a 80 directores generales para agilizar la gestión municipal

El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer, con el voto en contra de PSOE e IU, una disposición por la que se crea la figura del director general en el Consistorio. Estos nuevos altos cargos sustituirán a los directores gerentes. Según el concejal de Hacienda, Juan Bravo, esta medida se ha tomado de acuerdo con la Ley de Grandes Ciudades y supondrá una "agilización de la gestión municipal", puesto que los nuevos directores generales tendrán capacidad de comprometerse con terceros, cosa que hasta el momento sólo podían hacer el alcalde y los concejales.

La creación de los directores generales supone la adaptación de la plantilla de personal a la Ley de Grandes Ciudades. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, explicó que los "directores gerentes se nombraron a principios de la presente legislatura como paso previo a la entrada en vigor de la nueva legislación". La nueva ley de modernización del gobierno local permite que los 80 directores gerentes pasen a ser directores generales. "Ese personal eventual directivo era un sucedáneo de alto cargo, puesto que la legislación anterior no permitía que tuvieran atribuciones que sólo eran potestad del alcalde o de los concejales", explica Juan Bravo.

De tal forma, los nuevos directores generales, al igual que los viceconsejeros -en la Administración autonómica- y los secretarios generales o secretarios de Estado -en la Administración central-, tendrán capacidad de firma frente a terceros, siempre que el alcalde o los concejales deleguen esa competencia en ellos. Según Juan Bravo, "esta nueva medida supondrá que el gobierno del Ayuntamiento pueda ser mucho más ágil".

No opinan lo mismo los miembros de la oposición. El concejal de IU, Julio Misiego, criticó que el Gobierno lleve un año en un proceso de contratación de "una legión" de puestos eventuales y altos cargos, situación que calificó de "exceso". Para Misiego, la creación de esta nueva figura de directores generales supone que el ejecutivo local "no confía" en los funcionarios municipales que trabajan en el Ayuntamiento. Misiego cree que se está "limitando las aspiraciones y posibilidades de ascenso de estos funcionarios".

La concejala de Personal, Pilar Larrainzar, y el concejal de Hacienda explicaron que la modificación de la plantilla aprobada no supone un aumento del gasto, puesto que las partidas utilizadas para pagar los sueldos de los directores gerentes será utilizada para pagar a los nuevos directores generales. Según Larrainzar, la nueva estructura no supondrá un mayor gasto para las arcas municipales puesto que no supone un aumento de personal.

Desequilibrio presupuestario

Juan Bravo reconoció que las cuentas del último ejercicio no cumplieron con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. "Los presupuestos de 2003 y 2004 no están equilibrados porque parte de la inversión está financiada con recurso al endeudamiento. No hemos sido capaces de hacer frente a los gastos con los ingresos ordinarios del Ayuntamiento", aseguró.

Sin embargo, el concejal afirmó que "la situación no es preocupante, puesto que el resto de ratios se están cumpliendo en el Ayuntamiento". Según Bravo, la ley permite estas situaciones de endeudamiento temporales, "la administración local tendrá que elaborar un plan económico y financiero que demuestre que en el plazo de tres años seremos capaces de volver a la situación de equilibrio presupuestario". Pero ese plan no se ha realizado todavía. El concejal explicó que la ley establece para las corporaciones locales la necesidad de un reglamento en el que se explique cómo realizar ese plan financiero. Al no haber aprobado un reglamento aún, no se ha podido realizar ese plan".

Juan Bravo explicó que ese desequilibrio presupuestario viene fundamentado por dos hechos principalmente: al quedar aplazadas para este ejercicio el reconocimiento de las obligaciones previstas en el convenio con el BBVA, que exigía la previa puesta a disposición del Ayuntamiento de determinados inmuebles. Tampoco pudo hacerse el reconocimiento de los ingresos derivados de la venta de los derechos urbanísticos del Ayuntamiento en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, ejecutada recientemente por 162 millones de euros.

Para la concejal socialista Isabel Vilallonga, los resultados de 2003 son "decepciones" porque "son peores que los de 2002", con un endeudamiento "preocupante" y una Gerencia de Urbanismo "en alerta roja".

El pleno debatió también aprobar un suplemento de crédito de 9.239.491,15 euros, al que se opusieron PSOE e IU. Este punto fue considerado por Vilallonga "un momento excelente para denunciar la relación anómala que los equipos de gobierno del PP han mantenido con las empresas concesionarias".

El concejal de Hacienda confirmó que la mayor parte de ese dinero, "cerca de cuatro millones", se utilizará para hacer frente a "deudas con el Canal de Isabel II" después de que el Ayuntamiento rompiera el convenio que mantenía con esta institución dependiente de la Comunidad.