Soberanía limitada

Dos días antes de lo previsto, de madrugada y en una ceremonia semiclandestina, Irak recuperó formalmente su soberanía de manos del hasta ayer virrey de EE UU sobre el terreno, Paul Bremer. Éste se marchó discretamente, mientras EE UU pedía, en un nuevo formalismo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Bagdad, rotas desde la invasión de Kuwait por las fuerzas de Sadam Husein en 1990. La soberanía recuperada es limitada: el Gobierno provisional dispondrá de ingresos del petróleo, pero bajo vigilancia; no puede derogar leyes decretadas por la anterior autoridad ni los contratos heredados con muchas empresas, en su mayoría de EE UU, y los soldados estadounidenses (y de otros países) allí presentes se quedan "todo el tiempo que sea necesario", según aclaró ayer Bush.

Formalmente todo ha cambiado; en la realidad, poco. Y sin embargo, hay que esperar que este proceso de iraquización tenga éxito, y abra una transición que lleve al menos a unas elecciones de las que salga un auténtico Gobierno iraquí. No hay plan alternativo hoy por hoy,

lo que no impide que cunda el escepticismo entre los propios iraquíes e incluso, pese a las buenas palabras, entre los aliados de una Alianza Atlántica que debe basarse en la confianza mutua, y en la que está incluso ausente un sentido de unidad europea. Bush no ha logrado que la cumbre de la OTAN -cuya ayuda solicitó el Gobierno provisional de Alaui- se involucre formalmente en Irak. De momento, la Alianza se limitará a asumir un compromiso de ayuda a la formación de los nuevos militares iraquíes, sin precisar si esta labor se hará, como pretendía EE UU, en suelo de Mesopotamia o fuera, como pretenden Francia y Alemania.

Zapatero no comprometió a España en esta tarea, aunque tampoco la excluyó si se realiza en suelo español. Sin precisar números ni condiciones, que se concertarán el jueves en el Congreso, aceptó reforzar la presencia española y aliada en Afganistán, donde la falta de un mayor compromiso en medios económicos y humanos está conduciendo al fracaso. Sería deseable evitar que se repitiera lo mismo en Irak. Incluso desentendiéndose de lo que Zapatero denomina el "problema de origen" -la guerra ilegal e injusta-, hay una cuestión sobrevenida: donde antes había una dictadura ahora hay un vivero de terrorismo y de desestabilización local y regional.

Todos, incluida España, tienen interés en una salida estable para Irak. Y no es fácil lograrla. El contexto en que se produjo el traspaso de soberanía ayer es reflejo de la inseguridad reinante. Se adelantó para frustrar a los que tuvieran la intención de lanzar una nueva oleada de violencia alrededor de la fecha inicialmente prevista para esta devolución. Con transferencia de soberanía o sin ella, siguen los atentados, secuestros y ejecuciones. De ahí que la máxima prioridad siga siendo atajar la violencia, como ayer dejó patente el primer ministro, Ayad Alaui, en su toma de posesión.

Es comprensible que Zapatero rechace el envío de soldados a Irak, incluso en labores de instrucción, pues esto obligaría a enviar fuerzas adicionales para su protección. Pero suenan a poco convincentes sus explicaciones sobre su prematura partida de Estambul antes de que termine hoy la cumbre de la OTAN. Para un Gobierno recién llegado, que ha tomado decisiones justificadas, pero que han tensado la cuerda con EE UU, no parece la mejor diplomacia. No se trata de hacerse perdonar nada, sino de reconstruir las relaciones, no sólo con este presidente Bush, que puede o no ser reelegido en noviembre, sino con la mayor potencia económica, cultural y militar.

Poco después de que Zapatero pidiera a EE UU que no perdiera su "alma democrática", el propio sistema estadounidense hizo una notable, aunque todavía insuficiente, corrección al dictaminar el Tribunal Supremo que el Ejecutivo, en la lucha contra el terrorismo, puede mantener presos y sin cargos a ciudadanos estadounidenses y extranjeros, pero que todos ellos tienen derecho a llevar su caso ante los tribunales del país. Se pone así fin al limbo legal en el que están decenas de presos en EE UU y centenares de "combatientes enemigos" en Guantánamo o en otros lugares. Como señaló la juez O'Connor, el alto Tribunal "ha dejado claro que un estado de guerra no es un cheque en blanco para el presidente en lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos".

Ahora, los abogados de todos estos presos podrán acudir a los tribunales y el Ejecutivo tendrá, al menos, que justificar su detención sin juicio. El soberano absoluto en el que se ha convertido el Ejecutivo encabezado por Bush con la legislación pos-11-S también encuentra limitaciones. EE UU puede y debe recuperar su alma de primer valedor de los derechos humanos en el mundo.