El Supremo de EE UU admite que los presos de Guantánamo podrán recurrir a la justicia

Los cerca de 600 detenidos en Guantánamo podrán apelar sus casos ante los tribunales de EE UU. En una decisión de repercusiones históricas, el Tribunal Supremo recortó drásticamente los poderes del presidente George W. Bush al fallar que la base naval es parte de la jurisdicción de EE UU. No fue, sin embargo, una derrota completa para el Gobierno, puesto que los magistrados no se pronunciaron sobre la legalidad de las detenciones indefinidas, tanto en los casos de Guantánamo como en los de José Padilla y Yaser Hamdi, recluidos en Carolina del Sur.

Los magistrados tampoco especificaron el proceso legal que deben seguir los interesados, lo cual deja un amplio margen de maniobra al Ejecutivo. Pero para los detenidos que llevan dos años en un limbo legal, sin haber sido acusados de nada y sin derecho a un abogado, es una gran victoria. El fallo les permite entablar recursos de habeas corpus o demandas tanto en los tribunales civiles o militares. Ello no significa, sin embargo, que puedan ser puestos en libertad si el Gobierno no presenta cargos o pruebas sólidas en su contra. Todos los juristas que ayer se hacían eco de la decisión del Supremo apostaban por un proceso largo, quizá de años. Se trata, sin embargo, de interpretaciones preliminares a falta de saber cómo va a proseguir el Pentágono, que es el órgano responsable de los encausamientos.

En el caso de Padilla, el tribunal simplemente le dijo que se había equivocado de jurisdicción y que debía volver a presentar su caso ante la instancia apropiada. A Yaser Hamdi le concedieron el derecho de habeas corpus. Al tratarse en ambos casos de ciudadanos de EE UU, las consideraciones legales son muy distintas a la situación de los extranjeros recluidos en Guantánamo. La magistrada Sandra D. O'Connor quiso resaltar esa diferencia incluyendo en el fallo la siguiente advertencia: "Queremos dejar claro que el que estemos en Estado de guerra no equivale a darle al presidente un cheque en blanco cuando se trata de los derechos de los ciudadanos americanos".

La decisión sobre la jurisdicción de Guantánamo se deriva de las demandas interpuestas hace un año por 16 de los detenidos, 12 kuwaitíes, 2 británicos y 2 australianos. El Gobierno de Washington sostenía que la jurisdicción no alcanzaba a la base naval al estar en territorio de Cuba y que, por tanto, a los cautivos talibanes y de Al Qaeda no les amparan las garantías procesales reconocidas en la Constitución estadounidense. Varios tribunales inferiores le habían dado la razón hasta ahora, pero ayer el Supremo se puso de parte de los 16 detenidos afirmado que Guantánamo es, "a todos lo efectos", territorio de EEUU.

La Casa Blanca y el Pentágono han justificado las detenciones afirmando que los sospechosos de terrorismo no pertenecen a un Ejército convencional y no les son aplicables los derechos legales reconocidos en la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra. Bajo ese razonamiento crearon la categoría de "combatientes enemigos".

Daban además otra razón adicional para negarles a los cautivos de la guerra contra el terrorismo el derecho a la justicia americana, al asegurar que un juicio convencional forzaría a los fiscales militares a presentar pruebas que pueden poner en peligro la seguridad nacional. Y por último, desde el punto de vista político, la Casa Blanca considera que el dar acceso a los tribunales federales equivale a delegar en los jueces decisiones de defensa y política exterior.

Pesadilla logística

Por encima de ese tipo de consideraciones, el fallo del Supremo plantea al Gobierno una pesadilla logística. Se espera una lluvia de demandas que además pueden entablar en cualquiera de las 94 jurisdicciones federales. Y por otra parte, la preparación de encausamientos representa una tarea compleja, cuando no imposible. El propio coronel encargado de investigar los supuestos delitos de los presuntos terroristas, Brittain Mallow, ha admitido que en la mayoría de los casos "sólo cuentan con la información que los propios detenidos les han facilitado".

Muchos ni siquiera han dado su nombre verdadero, no cuentan con testigos, ni pruebas materiales. La dificultad queda patente por el número de encausamientos que habían preparado hasta el momento: sólo 15, y para ser juzgados en tribunales militares donde el nivel de pruebas es inferior.

[La fiscalía rusa informó ayer que siete ciudadanos rusos que fueron devueltos a este país desde Guantánamo -donde estaban retenidos como sospechosos de dar apoyo a los talibanes- para ser investigados en su tierra natal han sido ya puestos en libertad y el caso se considera cerrado, informa Los Angeles Times.]