Las tarifas enturbian las aguas chilenas

Las disputas por las tarifas de los servicios públicos latinoamericanos no son patrimonio exclusivo de Argentina. También se han registrado, aunque en menor medida, en Brasil y Perú, pero el caso que más ha sorprendido a los inversores es el de Chile, reconocido internacionalmente por su seguridad jurídica. Este año se definen las tarifas de los principales servicios para el periodo 2004-2009, lo que ha generado fuertes discusiones entre las empresas y el Gobierno de Ricardo Lagos, y hasta demandas en los tribunales.

Las nuevas tarifas no han generado preocupación entre los bancos de inversión que siguen la acción de Telefónica, como Morgan Stanley

El proceso coincide con las elecciones municipales de octubre próximo, antesala de las presidenciales de 2005. Sin embargo, los bancos de inversión han destacado que la primera resolución de precios del Ejecutivo, la que dispuso el mes pasado una bajada media del 5,6% de las tarifas de Telefónica CTC, ha resultado mejor de lo esperado. Ésa es la opinión de JP Morgan, que de todos modos lamenta la incertidumbre que ha generado este asunto. Sucede que a principios de año Lagos había declarado que las tarifas de todos los servicios debían bajar porque el riesgo país disminuyó desde 1999, año de la anterior revisión y, en consecuencia, el Gobierno había propuesto un recorte del 30% para el sector telefónico. La filial de la compañía española también sugería un 30%, pero de aumento.

Telefónica CTC presentó a comienzos de este mes ante la Contraloría General de la República una impugnación del decreto de rebaja del 5,6%. La compañía aduce errores administrativos, técnicos y económicos en los cálculos sobre los que se basan las nuevas tarifas. Reclama que el Gobierno los corrija y advierte de que si no recurrirá a la justicia. No sólo la empresa española se ha quejado de la norma. Sus competidoras Chilesat, Telmex -ambas controladas por el mexicano Carlos Slim- y Entel -de Telecom Italia- han formulado presentaciones ante la Contraloría porque el decreto eleva en promedio el 40% los cargos de interconexión a las redes de Telefónica CTC, que controla el 78% del mercado de telefonía fija y es heredera del antiguo monopolio estatal. Tantas impugnaciones hacen prever un retraso en la puesta en vigencia del esquema para los próximos cinco años.

"Tomadura de pelo"

El propio Lagos ha tachado de "tomadura de pelo" la propuesta de la compañía española que consideraba que el coste de capital y el riesgo país de Chile eran los mismos que en 1999. Las tarifas fijadas aquel año por el anterior presidente, el democristiano Eduardo Frei, también fueron rechazadas por Telefónica. Por eso la empresa española mantiene una demanda contra el Estado chileno por 274 millones de dólares. Las nuevas tarifas no han generado preocupación entre los bancos de inversión que siguen la acción de Telefónica, como Morgan Stanley, que las calificó como "regalo para el Día de la Madre", o Citigroup Smith Barney, que calculó que las ventas netas sólo caerán un 2% en términos reales.

Los conflictos de tarifas no acaban ahí, pero el leve descenso de las tarifas telefónicas ha sentado un precedente. En noviembre próximo deben definirse los esquemas para las compañías de aguas y de electricidad, dos sectores en lo que también están presentes los capitales españoles.

El gerente general de Endesa Chile, Héctor López, alertó el mes pasado contra la "argentinización" de la regulación chilena. El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, le contestó que "los señores españoles tienen las puertas abiertas" para irse. Endesa ha criticado que el Gobierno, ante las restricciones en la importación de gas argentino, haya revocado la resolución que mejoraba los pagos por potencia a las hidroeléctricas -en las que ha invertido la empresa española-, en beneficio de las centrales que usan aquel combustible. En abril subió el 15% el precio mayorista de la electricidad, pero el Gobierno quiere que los usuarios finales paguen menos. Ya dispuso un recorte del 0,5% a partir del mes próximo tras regular los costes adicionales que las distribuidoras incorporan a las cuentas, como el arriendo del contador, la reposición del servicio o el pago fuera de plazo.

La filial de Aguas de Barcelona, Aguas Andinas, recurrió a fines de 2003 a la justicia contra las bases que la Superintendencia de Servicios Sanitarios había establecido para la revisión de precios. La Corte de Apelaciones le dio la razón a Aguas Andinas, operadora de Santiago, y el organismo estatal debió corregirse en el proceso de esta empresa. Las subsidiarias de Aguas Andinas en otras regiones del país iniciaron este mes sus propias demandas por este mismo asunto. El culebrón de las tarifas continuará en Chile, como en el resto de Latinoamérica.