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LA CRÓNICA
Columna
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Buscan la solución en los debates

Por necesidades del guión o porque así lo prescribe el libro de estilo que rige sus conductas, resulta rarísimo que los gobernantes practiquen la autocrítica o admitan que su gestión tiene lunares más o menos alarmantes. Es el caso, por ejemplo, de la deuda de la Generalitat, que sigue creciendo y ya se sitúa por encima de los 10.000 millones de euros, como se razonaba el viernes pasado en estas páginas. Una cucaña ésta, la del endeudamiento, en la que, ciertamente, estamos por arriba de todas las comunidades. Pero no hay motivo para pasmarse porque, a fin de cuentas, disparar con pólvora de rey e hipotecar el futuro de nuestra hacienda pública ha sido la pauta financiera del PP desde que gobierna la autonomía.

A mayor abundamiento, el consejero de Economía, Gerardo Camps, justifica estas alegrías macrofinancieras arguyendo que han servido para situar al Paí Valenciano "entre las regiones más prósperas, dinámicas y competitivas de la Unión Europea". Euforia que no falte. Y aún se puntualiza que esa millonada se ha invertido en infraestructuras, sanidad y educación. Sólo faltaría eso, que se hubiese malversado en pecados inconfesables mientras que un aluvión de acreedores aguanta como puede las demoras escandalosas de la Administración o se resigna a la quiebra. Sin embargo, esto son asuntos menudos que no merecen siquiera dos palabras del jubiloso discurso oficial.

Pero como no se puede engañar siempre y a todos, el verdadero pulso económico del país se percibe en la calle, auscultando al vecindario y, sobre todo, al pequeño empresariado, además de darle crédito a los observadores imparciales de la coyuntura económica. De ello se desprende que no vivimos en el más felicitario de los mundos ni estamos los valencianos en condiciones idóneas para afrontar los desafíos apremiantes que plantea la globalización y la competencia de los productores emergentes. Lo cual no es necesariamente un cargo contra este o los gobiernos autonómicos que le han precedido. El fenómeno les desborda. Sí les es imputable, en cambio, haber soslayado la obligación de fajarse, en la medida que les incumbía, con nuestras rancias deficiencias estructurales que han puesto ahora en crisis o comatosos a tantos de nuestros tradicionales sectores industriales.

En esta tesitura hay que consignar positivamente la iniciativa de la patronal autonómica y de su dirigente, Rafael Ferrando, animadores de una cumbre empresarial a celebrar en este mismo año. Una buena ocasión, como mínimo, para ejercitar la prospectiva y ver qué nos depara el futuro, además de hacer examen de conciencia. Aunque, a lo peor, esperamos demasiado y todo se resuelve en el habitual memorial de agravios por parte del Gobierno central, al que se le transfieren sus propias dejaciones y las nuestras. Algo así ocurrió en la reunión de Orihuela de 1989 y bien puede repetirse la jugada si toda la reflexión y conclusiones se condensan en el Plan Hidrológico y el AVE que, siendo vitales, no agotan nuestras carencias. Pero de este concilio empresarial tendremos ocasión de glosar su evolución y perspectivas.

La semana nos ha traído otro preludio de debate. El que propone el PSPV acerca de la ampliación del puerto de Valencia que, por lo que se deduce del órdago socialista, no está clara, cosa que nos sorprende después de tantos años de crecimiento sostenido. A nuestro entender, la Autoridad Portuaria merece un voto de confianza avalado por su eficiencia, como confirma el desarrollo de las instalaciones y los tráficos captados. Soluciones, como la conveniencia del acceso norte, digamos por ejemplo, requieren un criterio que no tenemos y que incumbe preferentemente a los técnicos y urbanistas.

En cambio, y como meros ciudadanos, sí nos concierne saber el coste medioambiental de esta fuente de riqueza. No olvidemos que lo pagamos todos sin excepción, valencianos y no valencianos, que las consecuencias en las playas y litoral son irreversibles, y los beneficios económicos directos son patrimonio de unos pocos. Es de justicia evaluar qué sacrificamos para tener un puerto competitivo y, lógicamente, atenuar al máximo ese sacrificio. Una exhortación cándida y absolutamente resignada al desastre ecológico.

LA 'TASA FUSTER'

Las instituciones culturales integradas en la Asamblea Nacional de Entidades del ámbito lingüístico catalán han propuesto la denominada "tasa Fuster" que consiste en el pago de un euro mensual para promover la difusión del catalán. Se trata de llegar a donde no llegan los dineros públicos, tal cual la famosa "tasa Tobin" que gravaría las transacciones financieras internacionales para luchar contra el subdesarrollo. Es una fórmula que habría de aceptarse, líbremente, con el civismo con que los valencianos asumimos la tasa postal para pagar el desvío del Turia, o Plan Sur. Pero, ¿ha sido una buena idea mezclar al escritor con esta gabela?

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