Militares internacionales

Cuando el Gobierno de Zapatero se dispone a presentar al Parlamento una propuesta para reforzar la presencia militar española en Afganistán y participar en la misión en Haití no conviene olvidar que fue al regreso de Kabul cuando se estrelló en Turquía el Yak-42. Por su desarrollo económico y político, España -incluso más allá de su interés geopolítico- tiene un deber moral de participar en este tipo de misiones. Pero para poder hacerlo debe acomodar sus medios a sus compromisos. Escatimar recursos pone en peligro a nuestros militares y a las misiones.

La nueva cúpula militar nombrada ayer por el Gobierno tendrá estas necesidades muy presentes.

Pese a que el ministro Bono no quiso ayer establecer "relaciones directas", el relevo está más que justificado por el cúmulo de errores y embustes en torno a la tragedia del Yak-42. La catástrofe en la que murieron 62 militares españoles y la vergonzosa gestión del anterior Gobierno, sobre todo en la precipitada repatriación de los cadáveres para tratar de enterrar a toda prisa el problema, no podían quedar impunes y exigirán todavía, como se han encargado de recordar los familiares de los fallecidos, más aclaraciones y responsabilidades a nivel político y tal vez penal.

Los nuevos jefes de Estado Mayor de la Defensa, de Tierra y de Aire, tienen todos una amplia experiencia y vocación internacional. El Gobierno ha de ser consciente de que estos compromisos -bien distintos a la participación en una guerra ilegal y equivocada como la de Irak- requieren más medios; esto es, más gastos. Las capacidades de España para este tipo de misiones son hoy escasas, y falta un debate que incluya a la Guardia Civil, llamada a desempeñar un mayor papel internacional. El Gobierno ya ha pedido que forme un cuerpo especial de 1.000 agentes para estas misiones.

En la cumbre de la OTAN en Estambul Zapatero se verá presionado el lunes para enviar más tropas a Afganistán. La decisión ya parece planeada -y enmarcada en el Eurocuerpo-, aunque la voluntad del Ejecutivo socialista de consultar antes al Parlamento le impedirá asumir compromisos en firme. Ésa es la vía adecuada, aunque el Ejecutivo se reserve las prerrogativas que le otorga la Constitución. Pero urge la elaboración de una ley, como en otros países, para regular, más allá de la periclitada declaración formal de guerra, el papel del Congreso en este tipo de decisiones, que tenderán a multiplicarse en un mundo cada vez más más necesitado de operaciones para evitar guerras o asentar la paz.