Los familiares de las víctimas del Yak-42 piden responsabilidades políticas y militares

La asociación que agrupa a la mayoría de las familias de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 exigió ayer que se asuman las "gravísimas responsabilidades políticas y militares" que se derivan de los numerosos errores cometidos en la identificación de los cadáveres.

Carlos Ripollés, presidente de la asociación, presentó los resultados del cotejo de ADN realizado por el Instituto de Toxicología de Estambul: de las 39 familias que se sometieron a la prueba, el resultado fue negativo en 22 casos; es decir, los cadáveres que recibieron no corresponden a los de sus parientes. Todavía 23 familias no se han hecho esa prueba, por lo que "desgraciadamente [la cifra de errores] se incrementará", pronosticó Ripollés.

El informe del ADN evidencia que 30 cadáveres sin identificar fueron distribuidos al azar

Las familias pidieron el cese de los jefes de la cúpula militar y del Ejército poco antes de su relevo

La asociación de afectados exige a Trillo que devuelva de manera inmediata su acta de diputado

De los 22 errores, 21 corresponden a los 30 cuerpos que estaban sin identificar pocas horas antes de su repatriación, según el acta de la fiscalía turca. Hay nueve familias con militares pertenecientes a este grupo que no han cotejado su ADN, por lo que la asociación teme que estos cuerpos fueran distribuidos al azar y no se acertara ni por casualidad.

El presidente de la asociación citó "con nombres y apellidos" a las personas que, en su opinión, son responsables de este "terrible desastre". En primer lugar, el ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, quien "en repetidas ocasiones dio informaciones falsas al Parlamento", por lo que "debe entregar de manera inmediata su acta de diputado [por Alicante] si le resta algo de dignidad". A continuación mencionó al ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, a quien calificó de "diplomático de tercera categoría" por engañar a las familias.

Pero las responsabilidades, afirmó, no se limitan a la anterior dirección política del ministerio sino que afecta de lleno a la cadena de mando militar. En particular, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá, y al jefe del Estado Mayor de Tierra, general de Ejército Luis Alejandre. "Deseamos fervientemente que en el día de hoy ambos sean destituidos fulminantemente, porque en ningún momento velaron por la seguridad de sus hombres, por el honor de sus muertos y por el respeto a las familias. Han violado gravemente las Reales Ordenanzas, regla moral de la institución", declaró.

Los deseos de la asociación de familiares se vieron cumplidos, ya que el Consejo de Ministros aprobó el relevo de Moreno Barberá y de Alejandre, aunque Bono lo desvinculó del escándalo.

Por último, Ripollés aludió a los dos generales que firmaron en Turquía el acta de identificación de los cadáveres: el teniente general José Antonio Bernal y el general de división del Vicente Navarro. "A ellos no sólo les atañen las Reales Ordenanzas sino el Código Penal común. Los generales firmaron unos documentos públicos que resultan absolutamente falsos. Estamos hablando de prevaricación", subrayó.

El ministro de Defensa aún no ha tomado ninguna medida contra estos dos generales -que ocupan destinos de libre designación- , pero las fuentes consultadas dieron por seguro que serán destituidos antes de que Bono acuda al Parlamento, donde ha pedido comparecer con carácter urgente.

Los familiares, que hoy se reúnen en asamblea, se enfrentan a partir de ahora a un duro calvario. Primero, completar el puzzle de las identificaciones, lo que sólo será posible si las 23 familias que no lo han hecho se someten al cotejo del ADN. Diez ya lo han solicitado, pero otras 13 no han mostrado ningún interés.

Posteriormente, podrá solicitarse la exhumación de los cadáveres con el objetivo de intercambiarlos, si lo autoriza un juez, pero 14 cuerpos ya han sido incinerados y, según el informe del laboratorio turco, al menos un cadáver está repartido entre tres ataúdes. A ello hay que sumar restos, incluso de tripulantes ucranianos, dispersos en varios féretros.

Ante este panorama, Ripollés se mostró dispuesto a estudiar la oferta de Defensa de construir un panteón común en el Paseo de la Castellana de Madrid, aunque se trata, advirtió, de una "decisión íntima de cada familia".