Los rectores piden el cambio urgente del sistema de selección de profesores de la ley universitaria

Los rectores piden que el Gobierno reforme antes de octubre el sistema de selección del profesorado funcionario establecido en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), la norma sobre la educación superior promovida por el PP en la pasada legislatura. Éstos solicitan que, en lugar de exámenes de habilitación nacionales, se diseñe un nuevo método. El sistema alternativo por el que los rectores han apostado en los últimos años ha sido una acreditación por méritos, que iría seguida de concursos "competitivos" por centros para cada plaza. Los rectores solicitan además participar en el diseño de la alternativa que el Gobierno establezca a la prueba de selectividad.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), formada por los centros de educación superior públicos y privados, aprobó ayer en Vigo un documento en el que expone su postura sobre los cambios que se deben hacer en la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El Gobierno ha anunciado que modificará esta ley precisamente en aspectos como la selección de los profesores, el acceso de los alumnos a la Universidad y el estatus y competencias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). La inmensa mayoría de los rectores se manifestaron en la pasada legislatura en contra de la LOU y varias decenas participaron en las protestas.

Los rectores han defendido en diversos documentos su apuesta porque la selección del profesorado se realice mediante una prueba de acreditación por méritos, que estaría basada en unos parámetros comunes para toda España, seguida de concursos de acceso en las universidades para acceder a las plazas vacantes. El Gobierno ha anunciado su apoyo a esta iniciativa, aunque está por determinar cómo se haría, así como si se deben revisar los concursos de acceso que hacen actualmente las universidades.

Antes de aprobarse la LOU (en diciembre de 2001), para acceder a una plaza de profesor funcionario había que someterse únicamente a un concurso en la universidad que tenía el puesto vacante. Los tribunales estaban formados por cinco personas del área de conocimiento de la plaza vacante, dos de ellas nombradas a propuesta de la universidad convocante y las otras tres por sorteo.

El PP justificó el cambio de la LOU básicamente en que aquel sistema "favorecía la endogamia". Por ello, decidió establecer un examen nacional por áreas, denominado habilitación, para poder ser titular o catedrático. Estas pruebas (basadas en un sistema que es único en Europa y EE UU) llevan en marcha desde principios de 2003 y han producido numerosos problemas debido, entre otras cuestiones, a que se estableció la habilitación de un número concreto y muy reducido de personas, lo que obliga a muchos profesores a realizar estos exámenes reiteradas veces (aunque tengan un alto nivel profesional) en distintas partes del país, y debido también a que cientos de profesores se tienen que ausentar durante meses de sus puestos en las universidades para realizar estas pruebas, algunos para examinarse (por ejemplo, para ser catedráticos) y otros para formar parte de los tribunales. Además, al tratarse de exámenes individuales, el proceso de cada habilitación llega a durar meses.

Sobre la revisión del acceso de los alumnos a la Universidades, los rectores se han manifestado reiteradamente en contra del sistema configurado por el PP de una reválida al final del bachillerato, más pruebas posteriores por centros superiores. La CRUE considera que debe haber una única prueba, la misma para toda España, y que se debe revisar la selectividad, aún en vigor.

Los máximos responsables de las universidades españolas solicitan además en el documento de Vigo que con la reforma de esta ley se impulsen medidas de apoyo al profesorado universitario: que se establezca un régimen laboral específico para los contratos de docentes e investigadores (es decir, para los no funcionarios), se promocione la carrera académica con estímulos (como incentivos salariales o becas para investigar en el extranjero) y se revisen las políticas de rejuvenecimiento de las plantillas.

La homologación de las titulaciones españolas al Espacio Europeo de Educación Superior es otra de las cuestiones en las que los rectores apremian al Gobierno. Éstos afirman que, para este fin, se debe crear un único título de Grado (en lugar de los actuales de licenciado y diplomado), que se defina un calendario serio y realista para hacer un nuevo catálogo de titulaciones y que se revise el proyecto de real decreto que regula el futuro Posgrado antes de que lo apruebe el Gobierno. También solicitan al Ejecutivo que regule urgentemente a los becarios de investigación.