Los policías llamados a la comisión del 11-M evitarán revelar datos bajo secreto del sumario

Los policías citados por la comisión parlamentaria del 11-M han mostrado su malestar por tener que prestar declaración y su incomodidad por la incertidumbre sobre el tipo de preguntas que tendrán que contestar. Algunos de ellos han pedido asesoramiento jurídico para saber qué pueden contar sobre las pesquisas y qué no. Legalmente están obligados a no revelar asuntos de la investigación sometidos al secreto del sumario, pero tienen libertad para hablar sobre el contenido de las reuniones a las que asistieron en el Ministerio del Interior, siempre que, una vez más, no afecten a temas secretos.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han ocultado su recelo hacia la comisión de investigación, especialmente mientras el sumario sigue declarado secreto (salvo una pequeña parte referente a la trama de los explosivos), las investigaciones aún están en marcha y quedan flecos sin resolver. "No tenemos nada que ocultar, pero hay que delimitar qué se puede contar", alegan. Además, la mayoría de los altos mandos citados ya no están en los puestos que ocupaban el día de los atentados.

De hecho, toda la cúpula policial ha sido relevada y la de la Guardia Civil, remozada. Tanto los subdirectores operativos de ambos cuerpos (el general Vicente Faustino Pellicer y el comisario Pedro Díaz Pintado) como los máximos responsables de Información (el general José Manuel García Varela y el comisario Jesús de la Morena) han abandonado sus puestos, unos por ascenso (García Varela), por jubilación (Pellicer), han pasado a la segunda actividad (los dos comisarios) e incluso se han marchado a trabajar a la empresa privada (De la Morena). El último en ser relevado ha sido Ángel Álvarez, quien desde ayer sabe que no va a continuar al frente de la Brigada de Información de Madrid.

Sin participación

Además, varios de los citados no tuvieron participación ni directa ni indirecta en las pesquisas, como es el caso del secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, hoy comisario general de Información, y de Telesforo Rubio, quien entonces era comisario del distrito madrileño de Chamartín. Sin embargo, no está entre los citados el ya ex comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro (a cuyo cargo está la unidad de los Tedax o desactivadores), quien transmitió a Pedro Díaz Pintado la información preliminar de que el explosivo utilizado podía ser Titadyne (una de las marcas de trabajo de ETA) con cordón detonante.

Durante las últimas semanas, los funcionarios que figuraban en las quinielas de citables se han cruzado llamadas y consultas en un mismo sentido: "¿Qué quieren que contemos?", se preguntaban, según han confesado media docena de ellos. Todos tienen una aquilatada experiencia en tener que declarar sin reparos ni cortapisas ante jueces o tribunales, pero para todos será la primera vez que tengan que testificar ante una comisión parlamentaria.

Varios de ellos han confirmado que han pedido asesoramiento legal para saber qué pueden contar y qué no y también si pueden escudarse en el secreto sumarial. La información que han recibido y que se han trasmitido entre ellos es que no podrán revelar datos que se encuentren bajo el secreto del sumario, una obligación de la que sólo puede liberarles el juez instructor, Juan del Olmo.

Tres son los motivos para escudarse en el secreto sumarial: la revelación podría ser constitutiva de delito; podrían conocerse datos cuya difusión podría perjudicar el desarrollo de las investigaciones, aún en marcha, y podrían vulnerarse los derechos tanto de las víctimas como de los detenidos. La mayoría de los consultados han expresado su predilección por esta opción. "En cualquier caso, no sería lógico que se procesara a un funcionario que cometiera un desliz en su declaración y revelara algún dato del sumario a los comisionados", aseguran letrados policiales.

La segunda opción sería escudarse en el secreto profesional, lo que, en principio, afecta tanto al sumario como a las conversaciones y gestiones que realizaron durante las pesquisas. Varios funcionarios llamados a declarar a la comisión que investigó en 1994 los manejos del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán se acogieron a esta opción.

Lo que, en principio, no está acogido al secreto es el contenido de las reuniones en las que participaron, las impresiones propias que sacaron de sus observaciones sobre el terreno, las informaciones sobre investigaciones previas ya cerradas o sus opiniones sobre qué debe hacerse para reducir la amenaza. En lo que sí han coincidido todos los mandos antiterroristas es en solicitar que no se les fotografíe ni filme en sus comparecencias "por motivos de seguridad personal".