El Consejo de Estado pide cambios en la ley contra la violencia sobre la mujer

El Consejo de Estado propondrá hoy al Gobierno una serie de cambios y reformas técnico-jurídicas en el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia sobre la mujer, a fin de que dicha iniciativa legislativa, que saluda como "buena y pionera", se acometa correctamente. La comisión permanente del Consejo de Estado hizo ayer una primera lectura del dictamen, en la que quedó de manifiesto que, para luchar contra la violencia doméstica padecida en España, hay que acudir más a medidas educativas y al fomento de una nueva mentalidad que a nuevos delitos y al endurecimiento de las sanciones.

A modo de conclusión, el dictamen del Consejo de Estado saluda la iniciativa gubernamental como muy buena y pionera, pero señala al Ejecutivo que precisamente por eso la futura ley requiere una responsabilidad adicional, para que el texto legal sea correcto, según juristas asistentes a la deliberación de ayer.

El Consejo de Estado señala que los problemas que pretende atajar el Gobierno mediante dicha ley se resuelven mejor con medidas que contribuyan a un cambio de mentalidad de las personas que con nuevos tipos penales o una exacerbación de las sanciones. Según las fuentes citadas, el dictamen contiene más observaciones críticas que el proyecto de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "menos abruptas, pero más profundas y más técnicas, que darán menos titulares", aseguraron.

A tenor de la reunión de la comisión permanente del Consejo de Estado celebrada ayer, el proyecto de dictamen contenido en más de 70 apretados folios se aprobará hoy con bastante consenso, si bien el consejero José Luis Manzanares (que fue vicepresidente del CGPJ entre 1990 y 1996 y lideró su sector conservador) contemplaba la posibilidad de emitir un voto particular concurrente, es decir, de acuerdo con el dictamen, pero añadiendo algunas observaciones.

Discriminación indirecta

El texto base del dictamen aborda uno de los puntos claves del anteproyecto de ley: la discriminación o acción positiva en favor de la mujer. El Consejo de Estado analiza que cabe una discriminación directa, que menciona expresamente a quien protege -en este caso la mujer- y otra indirecta que, sin mencionar explícitamente al sujeto protegido, le beneficia, ya que la persona dominada suele ser la mujer.

Igualmente, el Consejo de Estado considera una mejor categoría de discriminación positiva la que se traduce en una medida de fomento de las potencialidades de la mujer y de superación de los obstáculos para su promoción, o de carácter pedagógico o educativo, que cuando conduce a una medida sancionadora.

Sobre uno de los puntos claves de la futura ley, el artículo 1.2 del anteproyecto (que define "por violencia ejercida sobre la mujer la utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres" y asegura que "el principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer"), el Consejo de Estado hace observaciones desde dos perspectivas.

Por un lado, el dictamen considera que la situación de dominación sobre las mujeres que describe el anteproyecto, apoyada en convenios internacionales, es más propia de países del Tercer Mundo, concretamente de África, por lo que puede no resultar ajustada a España, en donde padecemos una concreta situación de violencia doméstica.

Por otro lado, para luchar contra esa violencia concreta, que suele producirse en los ámbitos de las relaciones afectivas, estima que no es preciso el mismo tratamiento que merecería una mayor opresión de la sociedad contra la mujer, como la que se produce en los países mencionados.

Como consecuencia de esas observaciones de fondo, el Consejo de Estado sugiere una serie de modificaciones técnicas que afectan a las reformas en el Código Penal que el anteproyecto propugna, así como a otros aspectos de la futura ley criticados desde sectores jurídicos, incluidos los de signo progresista.

El ponente del dictamen es el consejero permanente y presidente de la Sección 2ª, Miguel Rodríguez-Piñero, catedrático de Derecho del Trabajo y ex presidente del Tribunal Constitucional.

El dictamen del Consejo de Estado sólo se emitirá cuando este "supremo órgano consultivo del Gobierno", según la Constitución, haya recibido los informes solicitados a otros órganos.

Si la decisión del Gobierno se toma "de acuerdo con el Consejo de Estado", así se hará constar, y si el Ejecutivo se aparta de su dictamen, se usará la fórmula "oído el Consejo de Estado".