La Consulta Social Europea pone de nuevo sus mesas y recoge 4.700 votos

Los organizadores de la Consulta Social Europea no se dieron por vencidos tras la "represión policial" que sufrieron el pasado 13 de julio, cuando más de la mitad de sus mesas electorales fueron desmanteladas. La consulta se repitió el pasado domingo, esta vez sin incidentes, en una treintena de localidades. Más de 4.700 personas pudieron al fin opinar sobre cuestiones como el derecho a la vivienda, la guerra y el medio ambiente.

Jordi Oriola, uno de los organizadores, admitía ayer que la participación en este referéndum ciudadano no ha sido la deseada, aunque destacó que sí se ha logrado "abrir un debate y lanzar ideas provocativas e innovadoras a la sociedad". Este objetivo se ha logrado especialmente en Cataluña, donde a pesar de la actuación policial se han recogido más de la mitad de los votos recibidos en toda España (9.201).

Coincidiendo con la celebración de las elecciones europeas del pasado 13 de junio, una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) se propuso recoger la opinión de los ciudadanos sobre "cuestiones importantes que afectan a nuestras vidas". Según los resultados dados a conocer ayer por los organizadores, más del 92% de los participantes en la consulta popular en Cataluña se han mostrado partidarios de que la Constitución europea garantice a los ciudadanos derechos sociales como una vivienda digna y una jubilación justa. Un porcentaje algo superior, el 94,2%, ha opinado que las administraciones públicas deben reducir su gasto militar para invertir más en cultura de la paz o servicios sociales. Los votantes también se han posicionado masivamente (el 95%) a favor de medidas que garanticen el ahorro energético y un medio ambiente saludable. Finalmente, el 95,6% ha considerado necesario que la ciudadanía pueda participar directamente en la toma de decisiones políticas a través de asambleas, consultas populares u otros mecanismos participativos. Los organizadores destacaron ayer que esta pregunta incluida en la papeleta adquirió una trascendencia especial tras la "contundente" actuación policial del pasado día 13, que impidió el desarrollo de la consulta en 52 de las 89 mesas que se habían instalado en varias localidades o barrios de Cataluña. "Hemos visto cómo las administraciones reprimen estas iniciativas de participación ciudadana e incluso llegan a prohibirlas", lamentó Oriola.

Los organizadores anunciaron ayer que seguirán realizando consultas "coincidiendo con futuros comicios electorales", ya que la ciudadanía "no tiene por qué sentirse secuestrada en los días de elecciones, que teóricamente son la fiesta de la democracia".

Oriola reiteró que los organizadores no recibieron nignuna notificación oficial de la Junta Electoral Central que prohibiera la consulta. "Sabíamos que no se podían instalar urnas en las proximidades de las mesas electorales oficiales, pero las delegaciones del Gobierno se extralimitaron al impedir la consulta en la gran mayoría de las localidades, aunque los puntos de votación estuvieran alejados de los colegios electorales", señaló Oriola.

La red de entidades que organizó el referéndum popular ha presentado una queja ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona y ha exigido explicaciones sobre la contundente "represión" de la policía, que "confiscó todo el material de las mesas e identificó a sus responsables sin mostrar la resolución oficial en la que basaban su actuación". "Se han vulnerado los derechos de reunión y de libertad de expresión", denunció Oriola.