El Consejo Audiovisual de Cataluña decidirá sobre la concesión de emisoras
El Consejo Audivisual de Cataluña (CAC) dio ayer un paso decisivo para convertirse efectivamente en el organismo regulador del sector en esta comunidad. El Parlamento catalán aprobó, por unanimidad, una modificación de la ley creadora de este organismo en virtud de la cual sus informes serán a partir de ahora "preceptivos y vinculantes" para la concesión y renovación de licencias de radio y televisión.
Las concesiones seguirán siendo realizadas por la Administración de la Generalitat, pero a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, no podrán adjudicarse a partir de criterios discrecionales, sobre los que no se rendían cuentas ni al Parlamento, sino que deberán contar con el informe positivo del CAC.
Los informes vinculantes del CAC serán imprescindibles en tres fases del proceso. La primera es la fase de anteproyecto de las leyes y disposiciones generales que regulen el sector audiovisual en el ámbito catalán. La segunda fase es la relativa a la confección de los pliegos de condiciones para los concursos de adjudicación de licencias en cada concurso.
La tercera fase es la realización de informes sobre las propuestas presentadas a los concursos de adjudicación de licencias de radio y televisión, sobre las peticiones de renovación de las licencias, sobre los expedientes de modificación de capital social de las empresas titulares de las concesiones, los expedientes de transmisión de las concesiones y sobre las revocaciones.
La reforma legal aprobada ayer ha reforzado también la capacidad del CAC como organismo que ejerce la potestad sancionadora que las leyes atribuyen a la Generalitat en materia audiovisual y de publicidad. A partir de ahora, el CAC podrá ejecutar la imposición de multas coercitivas por un importe de 1.000 euros diarios e imponer en ciertos casos multas de hasta 30.000 euros.
Este reforzamiento del CAC tuvo sin embargo su contrapeso en la renovación de dos de sus siete miembros, en la que el Parlamento obvió el requisito de apartidismo. Nombró a Josep Maria Carbonell, diputado socialista que ha impulsado la configuración de este modelo de organismo regulador, y a Domènec Sesmilo, uno de los hombres de confianza del secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida.
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