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El juez deja libres a tres imputados como autores materiales de la matanza del 11-M

La Guardia Civil tuvo casi dos meses a su disposición el coche lanzadera de los terroristas

Tres meses después de su detención, el juez Juan del Olmo, a instancias de la fiscal Olga Sánchez, dejó ayer en libertad a Mohamed Bekkali, Mohamed Chaoui y Abderrahim Zbakh, tres de los imputados a los que inicialmente consideró autores materiales y directos de los atentados del 11-M en Madrid. Por ello, les había imputado por los delitos de pertenencia a organización terrorista, 190 asesinatos consumados y 1. 400 tentativas de asesinato, 4 delitos de estragos terroristas y sustracción de vehículo. Por el momento, los tres siguen imputados, aunque a la vista de la decisión judicial podría ser por colaboración.

El juez no les ha impuesto fianza alguna, aunque sí ha adoptado varias medidas cautelares para garantizar que los tres estén a disposición de la justicia. Para ello tienen que presentarse semanalmente en el juzgado, tienen prohibido abandonar el territorio nacional sin autorización, hacer entrega de su pasaporte, y fijar domicilio y teléfono en el que estar localizable. Bekkali y Zbakh estaban presos en Soto del Real (Madrid), y Mohamed Chauoi, en la cárcel de Valdemoro (Madrid).

Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron ayer que a medida que ha avanzado la investigación algunos indicios que sostenían las imputaciones iniciales no se han visto reforzadas, sino que se han debilitado.

Así, en un principio, algunos de ellos fueron reconocidos por testigos presenciales como personas que estuvieron en las estaciones o en los trenes, pero esas identificaciones en algún caso se ha desvanecido o se ha introducido un matiz de duda. Por ejemplo, en el caso de Zbakh, un testigo le había identificado sin ningún género de dudas como una de las personas que vio en uno de los trenes, pero posteriormente se ha echado atrás.

"Elemento tecnológico"

Sin embargo, los tres aparecen vinculados con el locutorio Nuevo Siglo que regentaba Jamal Zougam, y aparentemente están vinculados al llamado "elemento tecnológico", es decir, a la parte logística del grupo encargada de proveer de teléfonos móviles y tarjetas con los que elaborar temporizadores para las bombas.

Fuentes de las defensas han criticado los procedimientos seguidos por el juzgado, ya que, según aseguran, no les han sido comunicadas la puesta en libertad de sus clientes, e incluso en el caso de Mohamed Bekkali, el magistrado denegó el martes pasado la libertad provisional, en base a falta de indicios de criminalidad, que había solicitado su letrada.

Ayer el juez llamó a declarar de nuevo a varios de los presuntos implicados en la trama de los explosivos utilizados en los atentados. Así, declararon Otman El Gnaout, que trabajaba de albañil en la casa de Morata de Tajuña, donde se prepararon las bombas; Rafá Zuheir, el confidente de la Guardia Civil que coincidió en la cárcel con el cuñado de Emilio Súarez Trashorras, y es clave en la operación de venta de los explosivos a cambio de hachís; Rachid Adli, que estuvo en una reunión en la que se apalabró la venta de los explosivos y el propio Suárez, el ex minero asturiano que supuestamente proporcionó los explosivos utilizados en las mochilas bombas del 11-M. Al cierre de esta edición, todavía no habían concluido las declaraciones y se esperaba que lo hicieran de madrugada. Por su parte, Rabei Osman, El Egipcio se negó ayer en Italia a aceptar la extradición reclamada por España, según informó su abogada Viviana Bossi.

Por otro lado, la Guardia Civil tuvo cerca de dos meses guardado en un depósito y a su disposición el Toyota Corolla, propiedad de José Emilio Suárez Trashorras, con el que los terroristas trasladaron a Madrid parte de los explosivos utilizados en los atentados del 11 de marzo en Madrid.

Suárez había prestado su coche para que Jamal Ahmidan, El Chino, Mohamed Oulad Akcha y Abdennabi Kounjaa, Abdallah, que habían viajado a Avilés el 28 de febrero en un Volkswagen Golf negro, pudieran al día siguiente regresar a Madrid con cierta seguridad. De hecho, el Toyota Corolla fue utilizado para realizar funciones de lanzadera, esto es, para avisar de los controles al otro vehículo, el Volkswagen Golf negro, que estaba cargado con los explosivos. El Toyota fue parado por la Guardia Civil y El Chino fue multado por tres infracciones diferentes, que pagó en efectivo y en el acto.

Suárez Trashorras envió a Madrid al menor G.M.V. para recuperar el Toyota. Ya en la estación Sur de Autobuses, el menor se encontró con dos de los terroristas islámicos, y les preguntó cómo ir a Toledo, donde pensaba visitar a unos familiares antes de regresar a Asturias.

Cuando se dirigía a la capital castellano manchega, una patrulla policial le dio el alto, por sospechar de un menor, de etnia gitana, y que conducía un vehículo grande y caro. El joven se puso nervioso y perdió el control del coche y tuvo un accidente en el que perdió el conocimiento. El menor fue trasladado al hospital, y el vehículo a un depósito donde permaneció olvidado durante dos meses.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de junio de 2004