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El Poder Judicial niega que su petición de más tiempo retrase la ley antimaltrato

Las espadas siguen en alto. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo pleno se reúne hoy, insiste en pedir más tiempo al Gobierno para emitir su informe definitivo sobre el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres. El Ejecutivo se opone a ampliar el plazo, porque retrasaría la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, el Poder Judicial, contrario a que la ley excluya a las víctimas masculinas de la violencia doméstica, niega ese extremo y recuerda que el texto prevé su entrada en vigor seis meses después de su aprobación.

El portavoz del consejo, Enrique López, aseguró ayer que el pleno de la institución pedirá hoy al Gobierno que amplíe de 15 a 30 días el plazo para el informe definitivo. El Ejecutivo ha anunciado su negativa a ampliar el plazo que concluye el día 22 y mantiene su decisión de aprobar el proyecto el día 25 aunque no esté listo este informe, preceptivo pero no vinculante.

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El pleno extraordinario estaba convocado en principio para aprobar el texto. Sin embargo, la Comisión de Estudios e Informes del organismo votó el martes contra el primer análisis, realizado por la vocal Montserrat Comas. La comisión está compuesta por tres vocales nombrados por el PP, que votaron en contra, y dos apoyados por el PSOE, que lo hicieron a favor. La comisión también acordó pedir al pleno que solicitara una ampliación del plazo. La magistrada Comas ha presentado su informe como voto particular al pleno.

Víctimas masculinas

La principal objeción de la mayoría conservadora del CGPJ al proyecto es que deja fuera a las víctimas masculinas. También se opone a que haya juzgados específicos para las mujeres maltratadas y a que se agrave sólo la pena a los hombres en delitos como las amenazas leves. El informe de Comas respaldaba que el objeto de la ley se limitara a las mujeres, pero era contrario al agravamiento penal para los hombres.

López justificó ayer la necesidad de un plazo mayor en "la importancia y la enjundia de una ley que modifica otras muchas". Añadió que el nuevo informe, para el que ha sido nombrado un vocal respaldado por el PP, podría estar "antes de final de mes". El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, pidió ayer "diligencia" al Poder Judicial, informa Servimedia.

Caldera defendió la "discriminación positiva" de la ley, "porque es la mujer, muy mayoritariamente, quien sufre esta violencia y porque una situación de desigualdad, una discriminación, permite y justifica acciones positivas, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales pidió ayer al Gobierno que reconsidere su propuesta porque deja fuera su realidad y sugirió que la ley afecte "a cualquier miembro de la pareja".

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