No es lo mismo
Como represaliado político del franquismo, contemplo con no escasa sorpresa y gran indignación las medidas con que el Parlamento y Gobierno de Cantabria, después de haber sido desposeído en su día por el Gobierno español de cualquier resarcimiento en virtud de la Ley 4/1990 de 29 de junio, por la única razón, creo que escasamente constitucional por discriminatoria, de no haber cumplido los 65 años a 31 de diciembre de 1990, pretenden cerrar las crueles heridas morales y materiales infligidas por aquel régimen a los que osamos exigir la libertad para España y sus pueblos.
Como acto de desagravio moral y político, todo parece quedar reducido a una recepción ¿y por ventura a un vino español? a los "damnificados", y a alguna palmadita en la espalda por lo "arriesgados y decididos" que fuimos en aquellas trágicas y difíciles circunstancias. Y en cuanto resarcimiento económico, aun partiendo como yo parto de la consideración de que ningún dinero puede pagar las torturas, años de cárcel y daños morales, familiares, profesionales, etcétera, creo que, de afrontar esta faceta del problema, es exigible que se aborde sin añadir al daño el vilipendio. Ya en su día el Gobierno de España pretendió dar carpetazo a este sangrante asunto sin un mínimo intento de fijar compensaciones de forma equiparable a cómo fue resuelto en lo económico por países como Francia, Italia y Alemania con sus respectivos represaliados durante la resistencia a Hitler, Mussolini o Gobierno de Vichy, e incluso al tratamiento que Japón dió a las "esclavas sexuales" que forzó su Ejército.
A los represaliados cántabros, rebajando aún más lo que en su momento estableció el Gobierno socialista a plano estatal que ya era una auténtica bofetada, parece querer resarcírsenos con unas ridículas cantidades que siquiera alcanzan a las que en un mes reciben todos o casi todos los congresistas españoles, sean de las Cortes Generales Españolas o del más pequeño Parlamento regional en concepto de primas y complementos por su asistencia a plenos, comisiones, o dietas de desplazamiento. Y esta bofetada, corregida y aumentada, nos la asestan a las víctimas del franquismo en Cantabria quienes con gran autocomplacencia hoy disfrutan de cargos políticos y canongías profesionales dimanantes de una Costitución y unas libertades que, los ahora ofendidos por tan cicateras cual tardías y reticentes resoluciones, contribuyeron decisivamente a conquistar aun a costa de su sacrificio personal. Consumada que es la ofensa infligida por el Parlamento y el Gobierno de Cantabria con la concesión no de una restitución, sino de una limosna, en las páginas de EL PAÍS del día 2 de los corrientes, entro en conocimiento que por el Pleno del Congreso de los Diputados de España se ha tomado el acuerdo, con el voto favorable de todos los grupos menos el del PP, que se abstuvo, de instar al Gobierno a tomar nuevas medidas de resarcimiento a las víctimas del franquismo. Dados los precedentes de actuaciones en este doloroso tema de administraciones de uno u otro signo, mucho me temo que una vez más se intentará cerrar esta herida abierta con otro "parche" de ocasión. Y es que parece evidente que, a diferencia del trato dado a los resistentes franceses, alemanes, italianos, etcétera, el que se nos reserva a los españoles en lo político, lo moral o lo económico no es lo mismo (ni parecido).
