El fiscal general de Israel exculpa a Sharon del delito de corrupción

El fiscal general del Estado exculpó ayer al primer ministro israelí, Ariel Sharon, y a su hijo menor, Guilad, de los delitos de corrupción y deslealtad supuestamente cometidos a finales de los noventa, cuando el primero era ministro de Asuntos Exteriores en el Gabinete de Benjamín Netanyahu. La resolución supone un balón de oxígeno para Sharon, que podrá aliarse con los laboristas y proseguir con el plan de Gaza.

"Los testimonios en este caso nos conducen a la conclusión de que no hay bases para la imputación", aseguró ayer el fiscal general del Estado, Menajem Mazuz, al anunciar públicamente la absolución por falta de pruebas de Sharon después de un largo calvario jurídico, que ha durado cerca de cinco años, y que le había colocado al borde de la dimisión. No es un caso insólito; antes que él, se vieron también implicados en asuntos penales similares los primeros ministros Isaac Rabin, Benjamín Netanyahu y Ehud Barak.

Esta vez, la exculpación de Sharon y el archivo del sumario está justificada a lo largo de 79 folios, que han sido redactados por el equipo legal del fiscal general, a pesar de la oposición de algunos sectores capitaneados por una de sus más estrechas colaboradoras, la fiscal general Edna Arbel, que el pasado mes de marzo, había reclamado el procesamiento del primer ministro y de su hijo, y que fue posteriormente apartada del equipo para desempeñar un cargo en el Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado trató de eliminar cualquier sospecha o duda de favoritismo a favor de Sharon y recalcó lisa y llanamente que el primer ministro "no había recibido ningún trato de favor" y que "no se había encontrado la más mínima prueba de corrupción en el asunto conocido como el de la isla griega". Las palabras del alto funcionario fueron acogidas por Sharon con una frase lacónica y concluyente: "Muchas gracias".

La exculpación judicial de Sharon y de su hijo no son, sin embargo, suficientes para dejar al primer ministro sin un reproche social y político. La opinión pública considera cuanto menos licenciosa la actitud del entonces ministro de Exteriores, Sharon en este caso, que se inició en 1999, cuando un prohombre del partido Likud, David Appel, pidió su ayuda para llevar a término un proyecto inmobiliario y turístico en una isla griega de 30.000 hectáreas, situada a poco menos de 40 kilómetros de Atenas y en cuyo subsuelo se encontraban importantes restos arqueológicos que complicaban su sueño.

Sharon hizo de puente entre el empresario y las autoridades griegas, favoreciendo un diálogo que concluyó en enero de 1999, cuando una importante delegación de aquel país visitó Israel y se reunió con el ministro de Exteriores en el domicilio particular del promotor, donde se volvió a tratar el tema. El punto más delicado y no probado del asunto es que a cambio de estas gestiones la familia Sharon habría recibido tres millones de dólares, de los que 590.000 habrían servido para mejorar las estructuras del rancho del primer ministro en el Neguev y el resto pagados en cómodos plazos de 100.000 dólares, aparentando salarios al hijo de Sharon. En cualquier caso, el proyecto nunca se llevó a término.

Sin embargo, las tribulaciones jurídicas de Sharon no han acabado aquí. Se encuentra aún pendiente de resolución un segundo caso penal por supuesta financiación ilegal del partido Likud, también cometido en 1999, al recibir de manera fraudulenta fondos para su campaña electoral interna en el partido de un amigo surafricano, Cyril Kern, por valor de 1,25 millones de euros.

Ayer, mientras laboristas y seguidores de Sharon se felicitaban por el archivo de la causa, la izquierda laica Meretz, a través de su máximo dirigente Yosi Sarid, anunciaba la intención de recurrir la resolución de exculpación ante el Tribunal Supremo.