La comisión del 11-M pedirá un informe jurídico sobre si puede acceder al sumario

El presidente de la comisión de investigación del 11-M, Paulino Rivero, adelantó ayer su propósito de pedir un informe a los servicios jurídicos del Congreso para aclarar las dudas sobre el derecho de los diputados a conocer el sumario judicial y a otras materias reservadas. La previsible negativa del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo a informar al Congreso de las diligencias judiciales que instruye, declaradas secretas, y el carácter clasificado de los informes del CNI son los primeros obstáculos con que tropieza la comisión, que hoy comienza sus trabajos.

Fuentes jurídicas matizaron que Del Olmo deberá valorar en cada caso concreto si procede atender las demandas del Congreso, pero recordaron que las diligencias son secretas y que el juez está obligado a cumplir la ley. El portavoz socialista en la comisión, Álvaro Cuesta, destacó, por su parte, que hay precedentes de coincidencia entre una investigación judicial y otra parlamentaria -como en el caso Roldán- y que, en todo caso, el Congreso no se dirigirá directamente al juez, sino a través del presidente del Consejo General del Poder Judicial.

El presidente de la comisión, Paulino Rivero, de Coalición Canaria, no quiso pronunciarse sobre el fondo del asunto, pero adelantó a EL PAÍS su propósito de pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para resolver las dudas.

Reunión a puerta cerrada

La comisión celebrará esta mañana, a puerta cerrada, su primera reunión de trabajo. Rivero propondrá que se declare formalmente abierto el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de petición de documentación y comparecencias. A su juicio, este plazo podría concluir el viernes, ya que los grupos han tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre el tema desde que se constituyó formalmente la comisión, el 27 de mayo. En opinión de Rivero, las comparecencias podrían comenzar en la semana del 28 de junio al 4 de julio y concluir a finales de dicho mes, de forma que en septiembre se debatan las propuestas de resolución en el pleno del Congreso.

El presidente tiene intención de proponer a los miembros de la comisión un calendario de trabajo de tres días semanales, de martes a jueves, en sesiones de mañana y tarde.

En cambio, el socialista Cuesta considera que primero debería reclamarse la documentación y, sólo una vez que los diputados la tengan en su poder y hayan podido estudiarla, proceder a las comparecencias.

El reglamento del Congreso prevé que las citaciones se cursen con 15 días de antelación, pero Rivero cuenta con utilizar el procedimiento que permite acortar dicho plazo a sólo tres días por razones de urgencia.

El Grupo Socialista mantiene su idea de reclamar los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que alertaban sobre el riesgo de atentados de grupos islamistas, pero aún no ha decidido cómo instrumentar esta petición. Lo que se ha descartado es que estos documentos se vean sólo en la Comisión de Secretos Oficiales, ya que sus integrantes no forman parte de la comisión de investigación ni pueden legalmente informar de su contenido a los miembros de la misma.

La lista de comparecientes constituye el punto más espinoso políticamente. Fuentes socialistas indicaron ayer que aún no han decidido si citarán al ex presidente José María Aznar, pero adelantaron que, si alguién lo plantea, se opondrán a la comparecencia del actual jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que carecía de cualquier cargo oficial cuando se produjeron los atentados.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, reiteró ayer que su grupo no pondrá ningún obstáculo si otros partidos piden que declare Aznar, como han anunciado que harán PNV y ERC.

Pese a esta polémica, Rivero se mostró ayer convencido de que las recientes elecciones europeas "han zanjado políticamente" el debate sobre la influencia de los atentados en los resultados del 14-M. En su opinión, "más allá de constatar los errores que hayan podido cometerse, la comisión debería centrarse en elaborar un catálogo de recomendaciones que sirvan para afrontar un fenómeno novedoso como es el terrorismo islamista y evitar que estos hechos puedan volver a repetirse". Entre otras carencias a resolver, citó el control de los explosivos diseminados por minas y canteras o la falta de traductores para transcribir conversaciones de extranjeros intervenidas por la policía.

[El Ministerio del Interior informó ayer de que ya se han aprobado ayudas para víctimas de los atentados del 11-M por un importe de 32.848.942 euros].