Las nuevas medidas de protección por maltrato afectan también a los alejamientos en vigor

El nuevo protocolo de coordinación entre jueces y policías para mejorar la protección a las víctimas de la violencia doméstica afectará también a las órdenes de protección y a los alejamientos (11.488 se dictaron el año pasado) que ya estén en vigor, según el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior. A juicio de este departamento, existen medios humanos suficientes para acometer una tarea que el protocolo "no modifica". El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, salió ayer al paso de las quejas de los sindicatos policiales y aseguró que la responsabilidad de proteger a las víctimas será compartida por jueces y agentes.

Los sindicatos se oponen a que sean los agentes quienes determinen el riesgo y la protección idónea de cada víctima y aseguran que carecen de medios. El protocolo, aprobado el jueves, afecta a la policía nacional, autonómica, a la Guardia Civil y a los jueces, que estarán obligados a coordinarse y a facilitarse toda la información disponible sobre cada víctima protegida. Está previsto que antes del verano se apruebe otro protocolo para incorporar a las policías locales (60.000 agentes) a tareas como la vigilancia de los alejamientos de forma coordinada con el resto de los agentes, según el Ministerio del Interior.

El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, quien se puso en contacto ayer con los sindicatos para calmar los ánimos, aseguró que jueces y policías compartirán la responsabilidad de calibrar el riesgo de las víctimas. "La policía que recoja la denuncia deberá evaluar, con carácter meramente transitorio, el riesgo existente en ese momento para adoptar medidas provisionales hasta que se presente la denuncia en el juzgado", dijo a la Cadena Ser. En este primer momento, la policía deberá decidir y aplicar la protección, que en los casos más graves será de 24 horas, según el protocolo. Camacho añadió que después "es el juez quien, de acuerdo con nuestra ley, debe analizar el riesgo existente y adoptar las medidas que están previstas en el ordenamiento".

Cuando la denuncia llega a manos del juez, éste puede decidir si concede una orden de protección o una medida de alejamiento del agresor, que comunica a la policía. A ese procedimiento en vigor, el protocolo añade -según Interior- un estímulo para que los jueces motiven las medidas que toman. Además jueces y policías deben comunicarse inmediatamente cualquier novedad.

Según una fuente de Interior, el protocolo no modifica sustancialmente la tarea de la policía para proteger a las víctimas del maltrato. "La novedad es que sistematiza las pautas de la actuación policial y de la coordinación entre jueces y policías", añadió. Puntualizó que cuanto un juez dicta una orden de protección (suelen incluir el alejamiento) o sólo una medida cautelar de alejamiento "también puede decir entonces a la policía cómo debe proteger a la víctima. El protocolo no exime a los jueces de su responsabilidad", explicó.

El protocolo recomienda a los jueces que dicten alejamientos no inferiores a 500 metros y establece que los agentes harán un examen individualizado del riesgo de la persona protegida y que adoptarán las medidas adecuadas para su protección y el control de la medida mientras esté vigente. Deberán detener inmediatamente a quien quebrante el alejamiento y ponerlo a disposición judicial.

Vuelve el género

Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que la futura ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres vuelve a cambiar de nombre. Recuperará la palabra género, que figuraba en su primera denominación (ley orgánica integral contra la violencia de género). Antes de que se aprobara el anteproyecto, el viernes pasado, la Real Academia Española envió un informe al Gobierno en el que se oponía al término género. El Ejecutivo aceptó y cambió el nombre. Pero este miércoles, en la reunión de las organizaciones de mujeres con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las asistentes le mostraron su malestar por el cambio. El jefe del Ejecutivo ha atendido el planteamiento feminista y el proyecto de ley, que se aprobará a finales de mes, será contra la violencia de género.