Cruda inflación

La inflación de mayo confirmó casi los peores temores suscitados por el crecimiento imparable de los precios del petróleo. El IPC mensual subió el 0,6% y empujó la tasa interanual al 3,4%, siete décimas por encima de la registrada en abril. La inflación subyacente tampoco se comportó mejor. Creció el 0,4% hasta situarse en el 2,7% interanual y los analistas consideran que irá a peor durante los próximos meses. La inflación, pues, ha vuelto con fuerza y bien puede asegurarse que por una razón principal: el desbordamiento del precio del crudo en los mercados internacionales y la consiguiente subida de los precios energéticos. Cinco de las siete décimas de aumento en mayo se deben a los precios energéticos; y las dos restantes, a los precios de las patatas, el aceite y el tabaco. Estamos, pues, en el reino de la inflación volátil: de la energía y los alimentos frescos; pero no por volátil, menos peligrosa.

Aunque se trate de subidas bruscas de precios que no se mantienen en el tiempo -está por ver si el precio del crudo se estabiliza en torno a los 30 dólares por barril y cuándo-, lo cierto es que el encarecimiento de la energía se transmite a todos aquellos productos en los que interviene como un coste relevante. Y lo que es peor, las expectativas de una inflación elevada se trasladan a las decisiones empresariales, en precios e inversión. El Gobierno debe extremar las precauciones para evitar la temida espiral inflacionista que con tanta facilidad se dispara en momentos de graves choques de costes. Hay instrumentos para evitarlo.

Está ya constituido el Observatorio de Precios de alimentos frescos, que tanto aireó el Gobierno anterior, aunque se limitó a observar la carrera de precios desde lejos sin adoptar decisión alguna para corregir los abusos en la cadena de intermediarios. Se trata precisamente de que las conclusiones del observatorio, un instrumento informativo de primera magnitd, tengan consecuencias y corrijan los comportamientos de las redes de distribución que multiplican los precios aprovechando dominios espurios de los mercados.

Hay que abordar también una reforma de los mecanismos de control de la competencia, notoriamente ineficientes durante las dos legislaturas anteriores, para que puedan intervenir de oficio y de forma efectiva en casos de dominio abusivo del mercado. Solbes y Fernández Ordóñez deben acabar con la ficción de un Tribunal de Defensa de la Competencia dependiente de una Dirección General de Competencia, vicaria a su vez de las decisiones del ministro de Economía, y apostar por una independencia real, política y administrativa.