La Generalitat considera "no ejecutable" la sentencia que anula el nuevo cauce del Llobregat

La Generalitat consideró ayer "no ejecutable" la sentencia del Tribunal Supremo que anula el desvío de los últimos 3,5 kilómetros del cauce del río Llobregat. A pocos meses de inaugurarse y con el 80% realizado, el nuevo cauce -una de las obras de mayor envergadura de Cataluña- fue declarado nulo el jueves por el alto tribunal, que admitió el recurso de casación presentado por la Comunidad de Usuarios de Aguas del Delta del río Llobregat (CUADLL), entidad que representa los intereses de empresas, particulares y agricultores que utilizan el acuífero de la zona deltaica.

La comunidad de usuarios del delta descarta la posibilidad de paralizar las obras del desvío del cauce, que ya están prácticamente terminadas, pero considera que es el momento de analizar los preceptos medioambientales que se deberán tener en cuenta para sacar adelante el resto del proyecto, sin aislarlo de otras obras públicas previstas en el Plan de Infraestructuras y Medio Ambiente del Delta del Llobregat, que tiene como objetivo convertir el área de Barcelona en el principal centro logístico del sur de Europa.

La CUADLL exigió ayer que se garantice la aplicación de medidas medioambientales en las obras pendientes. El secretario de esta entidad abogó también por una nueva política de gestión de las aguas subterráneas.

La sentencia del Supremo establece que la obra debía ser aprobada mediante ley, pero lo fue por un decreto ley en noviembre de 1998, siendo ministra de Medio Ambiente la popular Isabel Tocino. La sentencia sostiene que la Ley de Aguas obliga a elevar a categoría de ley la norma que regule las obras que sean de interés general o afecten a más de una comunidad. El presupuesto del proyecto de canalización del Llobregat es de 53,88 millones de euros. El Supremo no se ha pronunciado sobre los efectos prácticos de la sentencia.

Por su parte, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat aseguró ayer que la sentencia no es aplicable por "el avanzado estado de las obras" y se ofreció como mediador para encontrar un punto de acuerdo entre las partes.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) anunció que "ahora es el momento" de constituir una comisión de seguimiento y control ambiental sobre todo el delta del Llobregat. La propuesta será trasladada a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que visitará Barcelona el lunes. El director de la ACA, Jaume Solà, añadió que "en el fondo del recurso de la comunidad de usuarios está la preocupación por la falta de protección suficiente sobre las aguas subterráneas".

Jordi Codina, secretario de la CUADLL, advirtió de que, tras la sentencia, la entidad que representa "estará alerta y vigilará", ya que la intrusión salina del mar acabaría dañando los 100 hectómetros cúbicos de agua que proporciona a Barcelona el acuífero del delta.