Junta y Gobierno entierran el litigio de la deuda

La última reunión de la Comisión Mixta de Transferencias a cuenta de la financiación, en enero de 1997, terminó con una bronca de las que hacen época. Siete años y medio más tarde y tras el inesperado triunfo socialista en Madrid, los Gobiernos central y andaluz, ambos en manos del PSOE, firmaron ayer entre grandes sonrisas y apretones de manos la deuda por la liquidación del modelo de financiación del quinquenio 1997-2001 generada durante el mandato del PP. Andalucía recibirá 2.500.034.925 euros, cantidad que el Ejecutivo de la nación liberará en un solo pago este año a través de un crédito extraordinario. Administraciones Públicas quiere que el Congreso lo valide por unanimidad. "Se ha hecho justicia", proclamó el consejero de la Presidencia.

Los ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y de Fomento, Magdalena Álvarez, siete consejeros andaluces y más de una veintena de altos cargos de las dos administraciones participaron ayer en la Comisión Mixta de Transferencia Estado-Junta de Andalucía, celebrada en la sede del ministerio, para oficializar el acuerdo de la financiación autonómica tras más de siete años de litigio con el anterior Gobierno del Partido Popular.

Jordi Sevilla y los titulares de las Consejerías de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda de la Junta, José Antonio Griñán, fueron los firmantes del convenio.

El Gobierno de la nación pagará en este ejercicio presupuestario 2.500 millones de euros a la Junta de Andalucía que liberará a través de crédito extraordinario con cargo a los Presupuestos Generales de 2004 mediante un decreto-ley. Esta norma se debatirá en el Congreso de los Diputados probablemente a partir del próximo mes de septiembre en un pleno en el que el Sevilla confía en que se apruebe por "unanimidad" de todos los grupos de la Cámara.

La de ayer fue la primera comisión mixta de transferencia celebrada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con una comunidad autónoma, con la que se pretende inaugurar una "nueva etapa de cooperación como base fundamental de la cogobernación de la España de las autonomías", dijo Sevilla, quien destacó el "importante esfuerzo" hecho por el Ministerio de Economía y "la comprensión y el acercamiento de posiciones" de la Junta de Andalucía. "El resultado es bueno para los andaluces", aseguró.

El acuerdo supone también el traspaso a la comunidad autónoma de un paquete de 12 competencias -entre ellas la Confederación Hidrográfica del Sur- por un importe global de 90,88 millones de euros y la dotación de 905 funcionarios.

El Gobierno andaluz presentará un proyecto de ley con la distribución del dinero atrasado de la financiación que se tramitará a la par que el del Presupuestos de la Junta para 2005. "El Parlamento tendrá la última palabra, si bien añado que es el Gobierno quien tiene la iniciativa de la distribución", advirtió Griñán a la oposición andaluza que ha lanzado un batería de propuestas sobre en qué y dónde deben destinarse los 2.500 millones de euros.

El pacto de la financiación lleva aparejada la retirada de 13 recursos presentados por la Junta de Andalucía a lo largo de estos años al Tribunal Constitucional y a las salas de lo contencioso-administrativo. El Parlamento, a iniciativa del grupo socialista, tomará el mismo camino, aunque antes mirará con lupa la letra pequeña del acuerdo.

Sin información

Las sonrisas y las miradas cómplices entre los altos cargos socialistas presidieron el acto de la firma, que fue recurrido sin éxito por el Partido Popular a la Junta Electoral Central ante la eventualidad de que pudiera ser utilizado electoralmente por los socialistas, a tres días de las votaciones al Parlamento europeo.

Pero en la petición del PP al órgano arbitral también figuraba una instancia insólita: la de que se pidiera a los directores de los medios de comunicación públicos estatales (TVE y RNE) y andaluces (Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio) que se "abstuvieran" de informar del acto. Jordi Sevilla eludió entrar a valorar la castrante solicitud y comentó: "La Junta Electoral pide que no se haga un uso electoral y estoy dispuesto. Lo que pido es que lo cumpla todo el mundo y que el PP no haga un uso electoral de su oposición a los traspasos a Andalucía y de su oposición a la liquidación de la deuda".

"Perdón ministro", le interrumpió raudo Zarrías tomando posesión del atril donde estaba el micrófono. Y a renglón seguido afirmó: "El PP quería que la firma se hiciera sin publicidad, en secreto y no se diera información. No se podía llegar tan lejos por parte del PP y de Javier Arenas", a quien acusó de ser el "instigador del boicoteo" a la comunidad. "Mal puede pedir el apoyo de los andaluces cuando antes desde el Gobierno y ahora desde la oposición intenta boicotear" a Andalucía, dijo Zarrías, para quien "tamaña contradicción sólo cabe en una mente" como la del presidente regional del PP.El consejero de la Presidencia manifestó su "alegría en nombre de los andaluces" por la firma del acuerdo, porque "se ha hecho llama y simplemente justicia". Gaspar Zarrías aprovechó para subrayar el cumplimiento del compromiso adquirido por los socialistas -"antes de la campaña electoral"- de que a fecha del 30 de junio estaría pactada la deuda.

"Se ha cumplido a rajatabla por parte de la Junta y del Gobierno de la nación", afirmó el consejero, quien enfatizó que quedaban "restañado el derecho de Andalucía" a recibir lo que "nos negó el Partido Popular durante años".

El acuerdo firmado ayer se empezó a fraguar al día siguiente de las elecciones generales y andaluzas del 14 de marzo, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llamó por teléfono al también presidente electo de Andalucía, Manuel Chaves, para ratificar que cumpliría con la promesa -que hizo el 29 de febrero en un mitin en Dos Hermanas- de que si ganaba en las urnas pagaría la deuda de la financiación.

Zapatero ordenó entonces al ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, que iniciara contactos con la Junta. Y Solbes y Griñán, antes de que éste tomara posesión del cargo como consejero de Economía, negociaron los trazos gruesos del acuerdo.

Con este visto bueno, Chaves se comprometió en su investidura a que la liquidación de la deuda estaría resuelta antes del 30 de junio.

El lunes 31 de mayo Jordi Sevilla y el presidente de la Junta anunciaron la fecha del 10 de junio para la firma del convenio de financiación. Una negociación que cerró ajustando hasta los céntimos de euro la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.