El PSOE afirma que Gallardón ha repescado a 400 cargos y trabajadores de la Comunidad

El grupo socialista denunció ayer que Alberto Ruiz-Gallardón ha incorporado al Consistorio, durante su primer año al frente del Ayuntamiento, a casi 400 trabajadores eventuales procedentes "de la Comunidad y que responden a criterios de afinidad política", en su mayoría para desempeñar altos cargos. Según los socialistas, responden a su desconfianza y al objetivo del alcalde de crear "una administración paralela". Fuentes del equipo de Gobierno niegan que se trate de nombramientos "a dedo" y señalan que el aumento de cargos viene obligado por la Ley de Grandes Ciudades.

La portavoz municipal socialista, Trinidad Jiménez, afirmó que las casi 400 incorporaciones "de trabajadores eventuales" a la plantilla municipal en el último año, además de suponer un incremento del gasto para las arcas municipales, "no tienen como objetivo aumentar la eficacia de la administración municipal, sino recolocar a un buen número de cargos, que ya lo eran en la comunidad autónoma y que presumiblemente iban a quedarse sin trabajo [tras la marcha de Ruiz-Gallardón del Gobierno regional]". En este sentido, Jiménez señaló que "la ciudad no se ve hoy más limpia, los colegios no han mejorado sus instalaciones y los ciudadanos no tienen más facilidades para acceder a los servicios municipales, sino todo lo contrario".

Fuentes del equipo de gobierno, del PP, por su parte, niegan la denuncia del PSOE y explican la incorporación de nuevos altos cargos a la administración como una consecuencia de las exigencias de la Ley de Grandes Ciudades: "Esta norma obliga a la creación del cargo de subdirectores generales, que es el puesto para el que se han incorporado en el último año la mayoría de los nuevos altos cargos. Son cargos de designación política, como corresponde a ese nivel, pero en ningún caso superan las 80 personas, y todas ellas son funcionarios", insisten las mismas fuentes. El resto de incorporaciones sí son eventuales, añaden, pero "en la cifra de 400 [el PSOE] ha incluido a los trabajadores de los diferentes grupos políticos, incluidos los suyos", señalan.

Incremento de trámites

Como consecuencia de la incorporación de los nuevos cargos, Trinidad Jiménez denunció que también se ha incrementado la burocracia: si hace un año los trámites para un expediente necesitaban de la firma de cuatro cargos municipales, ahora se han añadido las figuras del director gerente, el secretario general técnico y un coordinador, es decir, siete cargos para completar el trámite, según el grupo socialista.

Jiménez afirmó que "el señor Gallardón dijo que iba a introducir en el Ayuntamiento los principios de una administración gerencial, y lo que ha hecho es llenar el Ayuntamiento de gerentes, que es algo muy distinto". En este sentido, la responsable socialista del área de personal, Noelia Martínez, calificó a la administración municipal de "cabezona" por la tendencia del alcalde a incrementar los cargos en la cabeza de la misma.

Una tendencia que, según Martínez, provoca que en algunos departamentos haya, en proporción, "muchos jefes y mucho asesor, pero sin que ello mejore la atención al ciudadano", insistió. Puso como ejemplo de ello la Concejalía de Servicios Sociales, gestionada por Ana Botella, donde 105 de los 392 empleados tienen la consideración de jefes y donde, además, hay 139 plazas vacantes.

El objetivo de Ruiz-Gallardón, afirmó Jiménez, es crear así una "administración paralela y de su confianza" en el Ayuntamiento, en detrimento de la plantilla ya existente y que no puede despedir al tratarse en su mayoría de funcionarios de carrera, según el PSOE. En este sentido, Jiménez afirmó que la causa habría que buscarla en que el alcalde "desconfiaba de los trabajadores municipales antes de llegar al Ayuntamiento, y ha seguido desconfiando después".

El resultado de esta desconfianza es, según la portavoz socialista, una "superposición [de unos cargos con otros] que en la mayoría de los casos genera duplicidad de funciones", obligada, por otra parte, "hasta que se aplique la Ley de Grandes Ciudades", afirman fuentes del Ayuntamiento.

Esta "doble administración", añadió Jiménez, tiene, además, como consecuencia la "disminución de las garantías legales", ya que los nuevos trabajadores son contratados con carácter eventual y no son funcionarios, que constituyen una "garantía de objetividad", según la portavoz del grupo. "El modelo Gallardón", subrayó, "consiste en sustituir una administración de funcionarios objetiva y cuyos miembros acceden al cargo en función de los principios de mérito y libre concurrencia", por otra "nombrada a dedo".

Esto ha provocado el "descontento y el desconcierto" de la plantilla de funcionarios, según la edil Noelia Martínez, ya que los funcionarios ven cómo los "recién llegados" acceden a puestos que ellos sólo pudieron alcanzar a través de oposiciones o concursos de méritos.