El PSOE propone ampliar el compromiso de España con los derechos humanos

Plantea la ratificación de tres protocolos, a lo que se negó el PP en 2001

El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto al Congreso que inste al Gobierno la ratificación de tres protocolos al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a fin de "completar la traslación al derecho interno del sistema integral de protección de derechos" de ese convenio, con lo que se ampliará también la posibilidad de demandar a España ante el Tribunal de Estrasburgo en caso de violación de esos derechos humanos. La propuesta socialista, registrada en el Congreso el 21 de mayo último y que será tramitada en los próximos días, insta al Gobierno a presentar "urgentemente" a las Cortes, para que autorice su ratificación, los protocolos adicionales cuatro, siete y doce al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Este Convenio, firmado en Roma en 1950, fue ratificado por España, junto con varios de sus protocolos en 1979, "a partir del momento en que, como democracia constitucional, estuvo en condiciones de hacerlo", explica el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, quien recuerda que están pendientes de ratificar otros protocolos para "completar la traslación al derecho interno del sistema integral de protección de derechos que supone el Convenio de Roma".

López Garrido indica que los protocolos complementan el convenio y, una vez ratificados, permiten que España pueda ser demandada por los ciudadanos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la vulneración de los derechos protegidos en esos protocolos, al margen de si están garantizados por la Constitución española. El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista critica que el PP se opusiera en 2001 a la ratificación de esos protocolos.

El Protocolo Cuatro protege el derecho a la libre circulación de nacionales y extranjeros y prohíbe la privación de libertad por deudas y la expulsión colectiva de extranjeros. El Protocolo Siete exige que las expulsiones de extranjeros se hagan de acuerdo con la ley y establece el derecho a la doble instancia penal, a la igualdad de los cónyuges y a la indemnización por error judicial.

Por último, el Protocolo Doce,abierto a la firma de los Estados el 4 de noviembre de 2000, con motivo del 50º aniversario del Convenio Europeo, establece la prohibición de discriminación en cualquier ámbito y por cualquier autoridad pública de forma autónoma, sin vincular esa prohibición al goce de otros derechos protegidos por el Convenio, como hace el artículo 14 de éste. En este caso, el PSOE propone al Congreso que inste al Gobierno a "iniciar el procedimiento de adhesión y ratificación".

El 23 de mayo de 2001, la Comisión Constitucional del Congreso debatió una propuesta similar del Grupo Parlamentario Socialista. Aunque apoyada por el PNV y CiU, fue rechazada con 21 votos en contra y 17 a favor. Los portavoces del PNV, Josu Iñaki Erkoreka, y de CiU, Josep López de Lerma, avalaron la argumentación de López Garrido.

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"Más papista que el Papa"

En cambio, la diputada del PP Carmen Matador de Matos se opuso a la ratificación de los tres protocolos fundamentalmente porque, según dijo, " va a suponer un notable incremento de demandas" ante el Tribunal de Estrasburgo.

López Garrido replicó que "salir ahora en defensa del trabajo del citado Tribunal Europeo cuando el propio tribunal ha auspiciado el protocolo, es ser más papista que el Papa". El diputado socialista argumentó así: "Determinados contenidos de esos protocolos, la igualdad entre hombre y mujer, la no expulsión colectiva de extranjeros, las garantías para las expulsiones, la no discriminación, son principios que el Grupo Popular no quiere que se garanticen en este país al máximo nivel, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Dentro de unos días, López Garrido defenderá la misma propuesta que fue rechazada por la mayoría absoluta del PP. Ahora lo hará desde el partido que apoya al Gobierno, con la casi seguridad de éxito.

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