Acción integral

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres, una de las principales promesas del programa socialista. Según señaló el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, será la primera ley integral de este tipo que se promulgue en Europa, lo que da idea de que se trata de una gran apuesta no exenta de riesgos. El carácter integral de la ley se concreta en que la norma no se limita a plantear cambios jurídicos, sino que incluye medidas sociales, asistenciales y sanitarias. Introduce también medidas educativas, como la creación de la asignatura de Ética e Igualdad en la enseñanza secundaria, y medidas de rehabilitación de los maltratadores. En total, la norma modificará nada menos que 11 leyes, seis de ellas orgánicas.

Poner en marcha todos los resortes del Estado para atajar el problema está justificado. Porque es un problema realmente grave. Casi dos millones de españolas sufren maltrato físico o psíquico en el ámbito doméstico, la mayoría de ellas a manos de sus maridos, novios o ex compañeros, según una macroencuesta realizada en 2002 por encargo del Instituto de la Mujer. A lo largo de 2003 al menos 70 mujeres perdieron la vida por ataques de este tipo y en lo que va de año son ya 28 las víctimas mortales.

Frente a esta grave situación, el Gobierno ha tenido el mismo reflejo que caracterizó al Ejecutivo anterior: endurecer las sanciones penales. Afortunadamente, no se ha limitado a ello y ha decidido afrontar, con la especialización de juzgados y fiscales, toda una transformación del sistema de justicia para abordar este tipo de violencia, englobando los aspectos penales y civiles. Con estos cambios se quiere superar la dispersión actual, sólo parcialmente paliada por la orden de protección vigente desde agosto pasado. También se crearán unidades especializadas en la Policía Nacional y la Guardia Civil. La víctima tendrá derecho a una reducción de su jornada laboral, la suspensión de su empleo o la movilidad geográfica si ello es conveniente para su protección, y tendrá preferencia en el acceso a las viviendas protegidas.

El Partido Popular ha calificado de "decepcionante" el texto, mientras que las organizaciones feministas celebran que por fin se haya abordado de forma integral un problema que hasta ahora se había tratado con medidas dispersas y de manera poco decidida. Habrá que esperar a los resultados, pero un problema complejo como éste necesitaba un enfoque integral y enérgico como el del anteproyecto aprobado ayer.