Una extraña 'vendetta'

A lo largo del ejercicio de la actividad política, y máxime cuando se tienen responsabilidades de gestión, no es extraño que se desaten antipatías, malentendidos e incluso odios irracionales. Pero siempre he creído que esas luchas que genera el desempeño de un puesto de responsabilidad en la cosa pública no deben afectar a la gestión ni al desempeño de las labores para las que nos han elegido los ciudadanos.

Asumí la alcaldía de Pinto en el año 1995. En las sucesivas consultas electorales de 1999 y 2003 renové mandato con mayoría absoluta. Los ciudadanos y ciudadanas de Pinto han respaldado durante casi una década las políticas que los sucesivos equipos de gobierno que he liderado han aplicado en la localidad. Desde hace más de un año vengo diciendo que mi retirada de la alcaldía está cercana e incluso he expresado mi deseo de dejar el cargo en junio de 2005, justo cuando se cumplen los primeros diez años de mi llegada a la alcaldía. Han sido muchos los logros obtenidos y en esta gestión ilusionante he contado con el repetido apoyo de la ciudadanía.

"Mi patrimonio es lícito y está documentado. Estoy deseando que hablen los jueces"

"El origen del embrollo se sitúa en una denuncia que en mayo de 2003 lanzó el PP de Pinto"

Pues bien, ése tendría que ser el resumen de los últimos años de mi trayectoria política, pero desgraciadamente no es así. Paralelamente, y por razones que ignoro, se ha desatado contra mí -y lo que es más grave, contra mi familia- una extraña vendetta que desde intereses oscuros pretende judicializar la vida política de Pinto y manchar con el anatema de la corrupción una gestión apoyada por los ciudadanos y que ha obtenido logros evidentes.

El pasado 31 de mayo, EL PAÍS publicó una noticia con el siguiente titular: "La fiscalía imputa tres graves delitos al alcalde de Pinto". Posteriormente, desarrollaba el asunto en su página 4 [de las páginas de la sección Madrid] con un nuevo titular: "La fiscalía atribuye cohecho y tráfico de influencias al alcalde de Pinto". En el texto se da cuenta de los cargos que la Fiscalía de Urbanismo de Madrid, que dirige Emilio Valerio, esgrime contra mí y que se resumen en cohecho y tráfico de influencias. Viene a decir que tomé decisiones urbanísticas que favorecieron a un arquitecto concreto y que éste "recompensó" a mis hermanos con donaciones económicas a su sociedad. Si no fuera por el prestigio y repercusión que este diario tiene, el asunto no me preocuparía, ya que, a primera vista, la información parece un autoplagio de la publicada el 22 de enero de este mismo año en el mismo sentido e incluso con idéntica fotografía.

Pero como existen importantes novedades respecto a este asunto, que EL PAÍS obvió entonces por desconocimiento de las mismas, conviene informar a sus lectores que con fecha 26 de mayo de 2004 el juzgado que lleva este caso emitió un auto en el que acuerda el "sobreseimiento parcial provisional de las actuaciones que se siguen contra todos los denunciados (un total de 15)", salvo respecto a mi persona, porque yo mismo he solicitado que se me tome declaración ateniéndome al legítimo derecho de defensa.

Este auto, que yo calificaría como un razonado, riguroso y tremendo varapalo a la denuncia del ministerio fiscal, dice más: se pregunta sobre cuáles son los hechos constitutivos de delito y concluye que "no cabe deducir de lo actuado la imputación de hechos punibles concretos" para señalar que la denuncia "tiene un contenido impreciso y carente de base probatoria concreta".

No quiero extenderme más en la continuas reprimendas jurídicas del auto hacia al ministerio fiscal, pero lo cierto y lo periodísticamente novedoso es que el juzgado ha acordado el sobreseimiento de la causa, y no que el fiscal se reafirmó en abril en sus "inconcretas" acusaciones.

Pese a todo, quiero significar un dato que quizá haga todo el proceso más comprensible. El origen de todo este embrollo se sitúa en una denuncia que en plena campaña electoral de mayo de 2003 lanzó el Partido Popular de Pinto. La fiscalía cogió tal cual esta denuncia y la presentó en los juzgados, pero el juez, en el auto del 26 de mayo de 2004, asegura con rotundidad que "los recortes de prensa" no son válidos en los procesos judiciales. Y por más que se ha maquillado la denuncia inicial y se ha filtrado la misma a EL PAÍS, convirtiendo el durísimo golpe que recibe la fiscalía del juzgado en un boomerang a mi persona, la realidad es contundente.

Y ahí estamos: sin ninguna sentencia en contra, pero inmersos en una espiral plagada de titulares, que hacen daño a mí y a los míos, y que siembran la inquietud entre los ciudadanos y ciudadanas de Pinto, quienes me han mostrado su confianza y con los que he contraído una enorme deuda de gratitud. No me queda otro camino que entender que me veo inmerso en una extraña y dolorosísima vendetta que pretende causarme daño por motivos que se me antojan algo difusos, pero que responden a un lógica temporal de acoso y derribo durante los cuatro procesos electorales vividos en Madrid en apenas un año. Por eso mi nombre saltó a la prensa unas semanas antes de los comicios municipales de mayo de 2003; después, coincidiendo con las elecciones autonómicas celebradas en octubre; por tercera vez, un mes antes de las elecciones generales de marzo; y ahora, por último, cuando resta una sola semana para las elecciones europeas del 13-J. No es casualidad.

Si quieren mi marcha, ya la tienen, porque lo he anunciado reiteradamente; pero si quieren empañar una gestión apoyada mayoritariamente por mis vecinos, si quieren atacar a una familia, si quieren manchar el nombre de un partido, lo tienen más que difícil, imposible.

Porque quienes han iniciado esta vendetta han de saber que no me voy a someter a ninguna omertá o ley del silencio. Harto de rebatir siempre las mismas imputaciones que, como la pesadilla de Sísifo, vuelven a caer como una roca al paso de unos meses, digo lo que he dicho siempre: tengo la conciencia tranquila, porque en todo momento he actuado conforme a derecho, con los preceptivos informes favorables de los técnicos municipales. Mi patrimonio es lícito y perfectamente documentado. Estoy deseando que hablen los jueces, porque mi confianza en la justicia sigue intacta.

Antonio Fernández González es el alcalde socialista de la localidad madrileña de Pinto.