Desarticulada una red de trata de mujeres que las prostituía en un chalé de lujo

La policía ha detenido en Madrid a los tres cabecillas de una red de tráfico internacional de mujeres cuyas imágenes difundieron a través de Internet e incluso grabaron en vídeo las relaciones sexuales que mantenían con sus clientes. Un chalé del distrito de Hortaleza era el centro de un negocio de prostitución de lujo por el que pasaban empresarios, banqueros, arquitectos... Los detenidos son el matrimonio formado por Manuel J. L., de 53 años, y María Jesús R. M., de 52, y María Antonia V. C., de 44., que han ingresado en la cárcel de Soto del Real por orden del juez.

Los arrestados tenían todo montado en torno a la prostitución de lujo y no sólo traficaban con mujeres, sino que además colgaban en una página de Internet fotografías de las chicas para ofrecer sus servicios. Como método coercitivo grababan en vídeo las relaciones de aquéllas con los clientes y si no rendían en el trabajo o intentaban escapar las amenazaban con enviar las cintas a sus familias, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La investigación comenzó cuando una de las mujeres obligadas a prostituirse se escapó del chalé en el que estaba retenida, en la avenida de los Madroños, en la lujosa urbanización del Parque Conde de Orgaz (distrito de Hortaleza). Ésta explicó a la policía que había sido traída a España por dos hombres rusos (uno de ellos llamado Borís). Esto llevó a los agentes hasta un matrimonio dedicado presuntamente a introducir en España mujeres de diferentes nacionalidades para obligarlas a ejercer la prostitución. Los componentes del matrimonio, conocidos también como Javier y Sonia, eran propietarios de varias empresas que aparentemente se dedicaban a prestar servicios de relaciones públicas por medio de azafatas y el domicilio era el chalé de la avenida de los Madroños.

Situaciones inhumanas

Pero la empresa era realmente una tapadera que escondía una red que mantenía a las chicas en situaciones inhumanas. Javier era quien contactaba con ciudadanos extranjeros que se dedicaban, por medio del engaño, a la compraventa y tráfico de mujeres, con el fin de obligarlas a ejercer la prostitución. Su compañera, Sonia, era la encargada de recoger las ganancias de las chicas y ejercía la vigilancia y control sobre ellas para evitar su huida.

Las mujeres soportaban normas de conducta y de comportamiento muy rígidas y, en caso de incumplimiento, la organización les imponía multas económicas de entre 150 y 300 euros.Nunca salían solas del establecimiento y la encargada del local,también arrestada, actuaba como una auténtica "carcelera" y las seguía a todas partes.

Cada servicio de las mujeres costaba un mínimo de 300 euros y la red les cobraba distintas comisiones por cada uno de los servicios (cada vez que una de ellas mantenía relaciones con un cliente). La comisión de las chicas extranjeras las pactaba Javier con los socios extranjeros. Así, las mujeres obtenían el 20% de las ganancias, descontando el alquiler de la habitación, las toallas y la comida. Del 80% restante, Javier entregaba el 30% a su contactos foráneos. En el chalé también ejercían la prostitución mujeres españolas, pero éstas lo hacían de forma voluntaria, según fuentes de la investigación. A la hora de alojarlas en la vivienda había discriminaciones: las españolas ocupaban las habitaciones de la casa, mientras que las extranjeras eran recluidas en cuartos pequeños en el sótano. A todas se les retenía la documentación.

Los agentes encontraron en el chalé abundante documentación, material informático, audiovisual y fotográfico. Además, la vivienda contaba con cámaras de seguridad que grababan diversas partes del inmueble, incluso las habitaciones.Prueba de ello son las cintas de vídeo que han sido intervenidas por los investigadores. Éstos no descartan que los vídeos sirvieran para chantajear a los clientes -empresarios, arquitectos, banqueros, entre otros-, de los que tenían nombres y datos personales.

Los detenidos han sido acusados de delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos, coacciones y agresión sexual, y han ingresado en la cárcel de Soto del Real por orden judicial.