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Los indios pierden frente a Benetton en la Patagonia

Un juez argentino obliga a una familia de mapuches a abandonar las tierras de la multinacional

Una batalla desigual ante la justicia ha tenido lugar estos días en la Patagonia argentina. Los protagonistas son una familia india mapuche que se instaló ilegalmente en un predio de 300 hectáreas, y la multinacional textil Benetton, propietaria en aquella zona de 900.000 hectáreas (superficie equivalente a la Comunidad de Madrid) y 250.000 ovejas para la producción de lana. David contra Goliat.

Por unos días, la familia Curiñanco albergó el sueño de recuperar una porción de la tierra de sus ancestros donde vivió el pueblo mapuche. Fue sólo un sueño. Un juez de la ciudad de Esquel, a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, ha dictado sentencia y ha ordenado la restitución de las tierras a la compañía.

"Seguiremos peleando", advierten las comunidades mapuches, que, según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, agrupan a 80.000 personas en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro. De momento, un contencioso local y alejado de la capital ha acaparado la atención de la prensa y ha traspasado las fronteras provinciales.

Todo empezó el 23 de agosto de 2002, cuando Atilio Curiñanco y su esposa, Rosa Rúa Nahuelquir, decidieron ocupar la tierra de sus antepasados y se instalaron con sus hijos y nietos en el predio Santa Rosa, en un paraje llamado Leleque (Chubut). Aseguran que el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento les había informado de que eran tierras fiscales, por lo que no había ningún impedimento para que se instalaran en Santa Rosa. La compañía niega este punto. Los Curiñanco sólo hicieron uso efectivo de unas 25 hectáreas, levantaron una vivienda precaria de chapa, trasladaron unas pocas cabras y ovejas, y empezaron a trabajar la tierra.

La aventura duró poco porque el Goliat de este caso reaccionó con rapidez. La Compañía de Tierras Sud Argentino, propiedad de los hermanos Benetton, denunció a la familia mapuche por "usurpación" y presentó títulos sobre aquellas tierras que se remontan a más de cien años, cuando los pueblos aborígenes ya habían sido prácticamente exterminados en la llamada campaña del desierto del general Julio Argentino Roca.

El Estado entregó en 1896 el primer título de propiedad de aquellas tierras a la compañía británica Southern Land Argentinian Company, que posteriormente vendió a un grupo de familias argentinas: Menéndez, Hume, Paz y Ochoa. Hasta que Benetton desembarcó en Argentina. "Nosotros compramos las acciones en 1991. Tenemos las escrituras y los peritajes de topógrafos", dice Alberto Mazzucchelli, portavoz de la compañía.

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Frente a los documentos y escrituras, cuyo origen cuestionan, los mapuches apelan al derecho ancestral y comunitario de la tierra. "Atilio Curiñanco nació a poco metros de ese lugar, el predio que actualmente es Santa Rosa. Son lugares que históricamente funcionaron como reservas. Para nosotros, un espacio así no tiene dueños, porque todos tenemos el derecho de utilizar esa tierra. El Gobierno permitía el uso de esas tierras con fines comunitarios. Después, poco a poco, la gente fue desalojada", explica Mauro Millán, portavoz de la organización de comunidades mapuche tehuelche 11 de Octubre.

El matrimonio desalojado asegura que obtuvieron una autorización verbal de los tribunales y que dieron parte a la policía de sus intenciones de instalarse en tierras que hoy son propiedad de los Benetton. "No nos avisaron nada. Incluso después de una semana de estar instalados, la policía concurrió al lugar y vio los trámites que teníamos. Me dijeron que todo estaba bien, que podíamos seguir trabajando", dice Atilio Curiñanco.

Treinta y ocho días después de ocupar aquellas tierras, el juez instructor de la causa, José Colabelli, ordenó el desalojo y la restitución de las tierras a la compañía. Pero la acción judicial siguió su curso. El matrimonio de Atilio y Rosa fue absuelto del delito de usurpación en un primer juicio celebrado el 26 de mayo pasado. "Nunca quisimos una sanción penal contra la familia. Sólo queríamos la restitución de las tierras. Sabemos que esta gente no actuó de mala fe", señala el portavoz de la empresa, que afirma que un buen número de los 600 empleados que trabajan para los Benetton en la Patagonia son de origen mapuche.

Después del fallo judicial difundido el lunes por la noche en una sala repleta de pobladores mapuches, Rosa Nahuelquir decía: "La justicia sólo es para los poderosos". David no derrotó a Goliat. Sólo fue un sueño.

Un juez lee la sentencia contra la familia Curiñanco, que obliga a devolver las tierras, en Chubut. 

/ DIARIO EL CHUBUT
Un juez lee la sentencia contra la familia Curiñanco, que obliga a devolver las tierras, en Chubut. / DIARIO EL CHUBUT

La lucha por la tierra

Las comunidades indígenas no sólo reclaman las tierras que consideran les pertenecen. Reprochan también a Benetton el hecho de que se lleva toda la producción a Europa y no crea puestos de trabajo. La multinacional cerró la fábrica que tenía en Luján en 1993 "después de perder 13 millones de dólares", según el portavoz de la empresa, Alberto Mazzucchelli. La última tienda de venta al público se cerró en 2001. Sin embargo, la compañía dice confiar en Argentina y haber invertido 25 millones de dólares en un lavadero de lana en la zona de Trelew y en un frigorífico ovino y una curtiembre, en fase de proyecto. El portavoz sostiene que entregar tierras a los indígenas "sería violar el principio de propiedad privada" y traslada al Estado la responsabilidad de resolver el derecho a la tierra.

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