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El Congreso reconoce a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

El PP se abstiene por mencionar también la transición democrática

La Guerra Civil española y sus secuelas vuelven al Congreso, de la mano de las minorías. Tres proposiciones no de ley de PNV, EA y el BNG propiciaron ayer un larguísimo debate, con el hemiciclo prácticamente desierto durante la mayor parte de su desarrollo -entre 60 y 70 diputados- y la aprobación final de una enmienda de sustitución propuesta por el PSOE. La proposición es un reconocimiento moral, social y económico a las víctimas de la Guerra Civil, del franquismo y de la transición. Precisamente esta última mención hizo imposible la unanimidad y el PP se abstuvo. La proposición fue aprobada por 174 votos a favor (dos de ellos del PP), 126 abstenciones (PP) y seis noes de otros tantos escaños populares.

Para acceder a las ayudas, el hecho deberá haber ocurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977

El tinte nacionalista del hemiciclo es minoritario pero cada día evidencia más fuerza. Tres proposiciones no de ley de otros tantos grupos, o diputados, vascos y gallegos pusieron en marcha un larguísimo debate tan repleto de palabras solemnes y graves como escaso de asistentes, hasta que los timbres sonaron llamando a votar.

Josu Erkoreka (PNV) abrió el turno recordando cómo el 20 de noviembre de 2002 la Comisión Constitucional del Congreso aprobó una resolución de reconocimiento a las víctimas del franquismo. Esa cita la hicieron casi todos los oradores que pasaron por la tribuna. El diputado del PNV razonó que algunos pensaron que aquella resolución "liquidaba definitivamente este debate", pero justamente el incumplimiento de algunos de sus puntos explica que se reavive.

La propuesta del PNV pretendía, en síntesis, salvar las lagunas de la legislación de amnistía, la recuperación de la verdad histórica y rendir tributo de justicia a las víctimas de la transición política española. Hubo menciones expresas en varios momentos del debate a los muertos en Vitoria en 1976 y en otras ciudades españolas y se pedía una recompensa para las víctimas del tardofranquismo.

Begoña Lasagabaster (EA) insistió en que pretenden "devolver la dignidad a las víctimas y a los familiares de aquellos gravísimos hechos, así como recuperar la memoria histórica, individual y colectiva".

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Francisco Rodríguez (BNG), que defendió una tercera proposición, prestó especial atención a la represión de los últimos años del franquismo y de los primeros años de la transición y citó la comarca de Ferrol como escenario de sucesos gravísimos, sin olvidar a los fusilados, exiliados, deportados, encarcelados, durante la Guerra Civil.

Los tres proponentes de las proposiciones no de ley aceptaron una enmienda de sustitución del PSOE, que defendió en la tribuna Ramón Jáuregui. Tiene cuatro apartados y arranca reiterando el acuerdo unánime de la Comisión Constitucional de noviembre de 2002, con una larga cita de aquel texto sobre el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

En el segundo punto se insta al Gobierno a sistematizar la legislación que se ha venido aprobando en este terreno, incluida la reparación de daños "que se hubieran podido producir durante la transición a la democracia, con propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para mejorar su situación actual".

Precisamente este punto dio lugar al desacuerdo del PP. Manuel Atencia, en nombre del Grupo Popular, pidió que se retirase la mención a la transición, por imprecisa, pero los autores de las proposiciones no de ley que son los únicos que pueden aceptar enmiendas sólo se mostraron dispuestos a votar la que habían pactado con el Grupo Socialista. De modo que pese a las llamadas de todos al consenso y al acuerdo, al final no fue posible la unanimidad.

El texto aprobado pide al Gobierno un proyecto "de solidaridad" con las víctimas de la Transición en el que se establezcan "ayudas económicas que se percibirán de una sola vez y para acceder a las mismas el hecho causante deberá haber ocurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977", fecha de la Ley de Amnistía.

También se pide al Gobierno que facilite el acceso a datos sobre la represión franquista en archivos públicos y privados.

Jáuregui aseguró que se trataba de un debate esencial que se planteaba con espíritu constructivo, para "rescatar la historia", aunque, en su opinión, a lo largo de la democracia se han abordado estas cuestiones "con excesiva prudencia". Pese a que no hubo "un pacto de silencio", dijo, ha habido muchas zonas opacas y aseguró citando a Gabriel Celaya que ya es hora de "pasearnos a cuerpo".

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