Un tribunal de Pau rehúsa entregar al juez Garzón a tres jóvenes franceses de Segi

Un tribunal de Pau rechazó ayer la entrega a España de tres jóvenes franceses reclamados por el juez Baltasar Garzón en virtud del nuevo procedimiento de la "orden europea de arresto" o Euroorden, mecanismo destinado a eludir los trámites de la extradición y que se basa en la confianza mutua entre los sistemas judiciales de ambos países. Esta decisión se produce en medio de un intenso tráfico de órdenes europeas de arresto entre Francia y España en los tres meses escasos que lleva en vigor. Hay semanas que llegan a ser decenas.

La decisión tomada ayer es la primera que afecta a franceses cuya entrega pedía un juez español. Y la denegación, según fuentes jurídicas francesas, se ha debido a que la orden tramitada desde España estaba "mal atada" desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿Garzón no tiene ni idea de derecho? La pregunta, planteada directamente a fuentes jurídicas en París, tuvo una respuesta de guante blanco: "No se está diciendo eso. Simplemente ocurre que hay muchos recovecos de procedimiento y los trámites irán mejorando a medida que vayan tramitándose casos".

En esta ocasión, el tribunal francés ha aplicado el artículo 695-24 del Código de Enjuiciamiento Procesal Penal de su país, por el cual "la ejecución de una orden de arresto europea puede ser rechazada (...) si los hechos por los cuales ha sido emitida, han sido cometidos en todo o en parte en el territorio francés".

En el caso de la orden lanzada por Garzón contra Yves Matxicote, Amaia Rekarte y Haritza Galarraga, parte de los hechos reprochados habían sido cometidos en Hendaya y Bayona, ciudades de jurisdicción francesa: ésta ha sido la formalidad a la que se ha agarrado el tribunal de Pau para denegar la entrega pedida por Garzón.

Hace una semana, en la vista judicial del caso, la representante del ministerio público francés requirió, no obstante, la entrega a España de los tres jóvenes reclamados, estimando que el procedimiento pedido por Garzón y el delito cometido a los ojos de la justicia española -de "integración en una organización terrorista"- estaban suficientemente claros como para acceder a la orden de entrega; y remitiéndose, en todo caso, a la justicia española para contestar el fondo del asunto. La fiscalía francesa está estudiando recurrir la decisión.

Sin embargo, el tribunal no lo ha estimado así. ¿Sólo por la formalidad mencionada? El propio presidente del tribunal comentó ayer que el rechazo no se había debido "a los incidentes ocurridos el sábado en Bayona entre manifestantes que sostenían a los jóvenes de Segi y las fuerzas del orden", según declaraciones atribuidas por France Presse a Henri Suquet, presidente del tribunal de Pau.

Las organizaciones que convocaron esa manifestación creen, por el contrario, que la movilización ha sido determinante en la decisión del tribunal. Askatasuna difundió ayer un comunicado en el que da las gracias a "todas las personas, movimientos sociales, políticos, sindicatos, cargos electos que han participado activamente en esta dinámica de denuncia de la criminalización política. Gracias al trabajo de todos, a la manifestación del sábado pasado, esa orden europea de arresto ha sido rechazada".

A su vez, Askatasuna llama a continuar con las movilizaciones: "No dudamos de que el juez Garzón enviará otras órdenes de arresto europeas y hemos visto claramente, con la posición del fiscal, que las autoridades francesas están dispuestas a asumir esta persecución política. No debemos bajar los brazos sino continuar más que vigilantes, porque el golpe dado hoy a las autoridades francesas y españolas ha sido fuerte, y la reacción lo será igualmente".

Otros tribunales franceses han concedido ya la entrega a España de otras personas por el mismo procedimiento de la orden europea de arresto. Este es el caso de Fernando Silva Sande, dirigente de los GRAPO, contra el que se ha concedido una orden de ese tipo por el secuestro de Publio Cordón y como supuesto instigador de dos atentados.

No significa lo mismo que el caso de los tres jóvenes de Segi, que son franceses reclamados a Francia por España por actividades de una organización prohibida en España y que no es ilegal en Francia. Ahí parece estar el talón de Aquiles del nuevo mecanismo que, en otros muchos casos, funciona de manera tan engrasada como discreta.