La fiscalía española pedirá que los acusados sean juzgados en Francia por asociación de malhechores

El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina manifestó ayer que tiene intención de denunciar a Yves Matxicote, Haritza Galarraga y Amaia Rekarte para que sean juzgados en Francia por delito de asociación de malhechores.

Las autoridades judiciales francesas denegaron ayer la aplicación de la euroorden para los tres ciudadanos franceses por considerar que parte de los delitos que se les imputan fueron cometidos en territorio francés. Según Molina, es una de las causas facultativas de denegación. También los españoles podemos negarnos a entregar a una persona reclamada si el tribunal considera que el delito se cometió en España.

Por ello, el fiscal Molina señaló que no merece la pena recurrir la decisión del Tribunal de Pau ante la corte de apelación francesa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional denunciará a Machicotte, Galarraga y Rekarte ante la Justicia francesa por delito de asociación de malhechores, invocando el artículo 21 del Convenio de Cooperación Internacional en Materia Penal.

Los tres implicados eran portavoces del movimiento juvenil de la izquierda abertzale Segi en Francia, que, según el juez Baltasar Garzón, es una estructura de la organización terrorista ETA. Así, la mayor parte de su actividad ilegal la habrían desarrollado en Francia y en una ocasión participaron en una manifestación prohibida en España, en 2003.

Precisamente esta misma semana el fiscal Molina pidió a Garzón que concluya el sumario contra Jarrai-Haika-Segi, en el que están procesados 42 de sus dirigentes.

En el Ministerio de Justicia valoraron la denegación de las tres euroórdenes "en el marco de una cooperación fluida y positiva por parte de las autoridades francesas, que están concediendo un gran número de extradiciones y euroórdenes. Así, recordaron que el pasado 26 de mayo, la Corte de Apelación de París concedió cuatro euroórdenes relativas a los GRAPO y tres extradiciones de miembros de ETA.

Se trata de Fernando Silva Sande, al que afectan dos euroórdenes, una por el secuestro del empresario Publio Cordón y otra por dos atentados con explosivos el 12 de abril de 1998. María Victoria Gómez también ha sido entregada por los atentados. José Antonio Peña fue reclamado por la colocación de explosivos en una sede del PSOE. También se ha accedido a la extradición del etarra Gorka Palacios por el asesinato del general Oreja Pedraza, en junio de 2001, y de Iñigo Vallejo para que cumpla 15 años de prisión por quemar un autobús en Bilbao en 1996.