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Rañé abre una línea de ayudas de dos millones para el textil

Se beneficiarán los trabajadores con expedientes temporales

Cataluña se ha sumado al acuerdo del textil firmado en noviembre por el Gobierno central y el Observatorio Textil (integrado por la patronal, el Consejo Intertextil, Comisiones Obreras y UGT). El Consell Executiu aprobó ayer abrir una línea de ayudas de dos millones de euros para lo que queda de 2004 para que los trabajadores afectados por expedientes de suspensión temporales puedan mejorar su formación.

El consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat, Josep Maria Rañé, justificó la decisión por el impacto de la liberalización absoluta del sector a partir del 1 de enero de 2005, que en España podría acarrear la destrucción de 72.000 empleos. Las crisis más recientes en Cataluña, donde más de 73.000 personas trabajan en el textil, son el cierre de Ignacio Carner, en Igualada (Anoia), y el despido de 83 trabajadores de Bonser, en Navàs (Bages).

La línea de ayudas, pactada a instancias de los agentes sociales e incluida ya en los presupuestos de la Generalitat para 2004, establece que los empleados recibirán complementos que variarán entre 7,7 y 11 euros diaros (entre 230 y 330 euros mensuales) en función de su salario bruto mensual, una vez hayan acreditado que han aprovechado los tres meses de inactividad para reciclarse. La Generalitat estima que el número de trabajadores afectados oscila entre 4.900 y 6.500.

Aunque el Ejecutivo catalán -tanto su portavoz, Joaquim Nadal, como el mismo Rañé- presentaron ayer el plan como el primer fruto del pacto para la competitividad de la economía catalana y lo desvincularon del acuerdo estatal, las condiciones para poderse beneficiar de estas ayudas están implícitas en dicho acuerdo y son prácticamente idénticas a las que ya han aprobado otras dos comunidades autónomas: Andalucía, a finales de 2003, y Valencia, la semana pasada.

Según el acuerdo estatal, las empresas cuya plantilla fija mínima sea del 80% podrán suspender los contratos de trabajo a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) de tramitación rápida por un máximo de tres meses al año y sin que los trabajadores puedan ver suspendidos sus contratos más de dos veces entre 2004 y 2005.

A cambio, las empresas que atraviesan crisis podrán aplazar o fraccionar los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social, y el Ministerio de Trabajo se compromete a poner a cero el contador de las prestaciones por desempleo de los trabajadores que puedan ir al paro tras la suspensión temporal, esto es, los afectados no habrán consumido parte alguna de su subsidio.

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Las ayudas aprobadas tanto en Cataluña como en Andalucía y Valencia complementan el subsidio para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

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