El debate sanitario andaluz

Resulta evidente que la sanidad pública ha perdido peso específico en el debate político andaluz. La legislatura pasada, Francisco Vallejo, entonces consejero de Salud, se paseó a sus anchas por plenos y comisiones sin encontrar oposición a sus actuaciones, marcadas todas ellas por el clima de enfrentamiento abierto con los profesionales y los sindicatos más representativos del sector.

Si tanto IU como PA volvieron a dar muestras de su desinterés por los problemas sanitarios, mayor en el caso de esta última fuerza política por su compromiso de gobierno con el PSOE, sorprende la pasividad e ineficacia demostradas por el principal partido de la oposición, el Partido Popular, en un campo en el que era mucho lo que debía discutirse y en el que se debieran haber propiciado acuerdos con el Gobierno de la Junta que mitigasen la crisis larvada que desde hace años padece el Servicio Andaluz de Salud.

Tendríamos que remontarnos a los tiempos en los que el parlamentario por Málaga, José Manuel Gómez Angulo ejercía de portavoz de sanidad en la oposición, para encontrar debates de interés y sentir la sensación de que enfermos, profesionales y gestión sanitaria ocupaban el tiempo y el empeño de quienes gobernaban y aquellos otros que debían ejercer el contrapeso de la oposición.

A partir de ahí, ya digo, la sanidad quedó relegada al minúsculo espacio de la casuística mediática, del sensacionalismo, a veces, de quienes diseñan las páginas de sucesos y, sobre todo, de la intranquilidad de aquellos que día a día debían darle vida profesionalmente.

Tanta inactividad parlamentaria llevó a Vallejo a pedir el relevo, acosado solamente por los profesionales médicos, que llegaron al extremo de declararlo persona non grata, pero mucho me temo que con los mimbres con los que cuentan los tres grupos parlamentarios andaluces, la nueva consejera, María Jesús Montero, va a poder disfrutar de su cargo sin sufrir el control que de la oposición debe esperarse.

Por ello que entiendo como positivo el que fuesen otras instancias sociales quienes tomasen el relevo en la defensa de nuestro sistema público de salud, a fin de que, por la autocomplacencia de quien no es objetado, no se pierdan los valores de equidad, universalidad y solidaridad de un servicio profundamente social, el sanitario, que cae a pasos agigantados en un mercantilismo deshumanizante que arremete violentamente contra profesionales y usuarios.

No pretendo cuestionar, a priori, la gestión de la nueva consejera, pero sí aconsejarle un campo de diálogo en el que no sólo estén presentes los representantes políticos -de los que abiertamente desconfiamos en muchos casos-, sino también todos los representantes sindicales, sin excepción, los usuarios y, como no, las organizaciones profesionales -sociedades científicas y colegios profesionales-, a fin de redefinir el modelo andaluz de sanidad pública, hoy disperso en sus objetivos y escasamente centrado en los cauces para conseguir aquellos.

A la suficiencia financiera del sistema, ahora más garantizada, si cabe, con la sintonía entre los gobiernos autonómico y nacional, hemos de sumar el desarrollo de las leyes aprobadas al final de la pasada Legislatura con amplio consenso parlamentario -Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y Ley del Estatuto Marco-, para, con ello, establecer un marco laboral y asistencial nuevo que acabe con la desmotivación que invade los ambientes sanitarios y las carencias de todo tipo que deben soportar los usuarios.

Que los gestores sepan equilibrar su faceta empresarial con la lógica defensa del modelo político-sanitario que los ha escogido, va a ser fundamental en el futuro y en ello encontrarán la comprensión y colaboración por parte de los profesionales sanitarios.

Establecer un racional reparto de cargas y beneficios, hoy desequilibrado a favor de la Administración, se ofrece como sustancial para generar complicidades creativas.

Huir de cualquier tipo de dogmatismo organizativo para compartir problemas y soluciones, facilitaría la integración plena de profesionales y usuarios en el sistema, hoy resultado de la simple necesidad.

Y, en cualquier caso, diálogo franco que permita que todas las sensibilidades -profesionales y asistenciales- encuentren un cauce de expresión hoy desconocido o simplemente inexistente.

No es el momento de discutir el modelo sanitario defendido por los socialistas, legitimado recientemente en las urnas con una mayoría suficiente, pero sí de apelar al mensaje, dado entonces, de poner en marcha un gobierno para todos.

Enrique Bellido Muñoz es médico y ha sido senador por Córdoba.