Las haciendas preparan un nuevo Impuesto sobre el Patrimonio

Las haciendas vascas abordarán a partir del próximo verano una reforma integral del Impuesto sobre el Patrimonio, que grava los bienes inmobiliarios y mobiliarios por encima de 175.000 euros, y no descartan incluso suprimirlo al quedarse obsoleto y tener una escasa repercusión recaudatoria. Esta figura impositiva, que supone tan solo el 1,5% del total de los tributos concertados en Euskadi, afectó el año pasado a 36.779 contribuyentes que ingresaron 95 millones. Las haciendas han recibido del empresariado vasco una propuesta para eliminar este impuesto del sistema fiscal vasco.

El Impuesto sobre el Patrimonio "no es un impuesto preferencial en Vizcaya", afirma Félix Ayarza, director de Hacienda de esta provincia. Iñaki Rika, su homólogo en Guipúzcoa, considera que este tributo "no tiene mucho sentido en la actualidad". Y Ángel Barrasa, responsable de las finanzas de Álava, sostiene que "debe ser estudiado en profundidad, porque es muy desconocido, por no decir olvidado, y su grado de cumplimiento es relativamente bajo".

A menos de 10 años de la entrada en vigor, en 1997, de las normas forales que regulan este tributo, las tres haciendas vascas están decididas a "abordar modificaciones muy significativas", más allá de los cambios puntuales que se han introducido durante los últimos años para ampliar el mínimo exento para declarar y adaptarlo a la inflación, explica Ayarza. La reforma será "profunda", anuncia Rika, y quedará aprobada a lo largo del próximo ejercicio, con efectos en la declaración de 2006. El proceso de reflexión en que se hallan los responsables de Hacienda de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava no excluye la posibilidad de hacer desaparecer este impuesto: "En los despachos se ha comentado que este impuesto no tiene sentido y que, a lo mejor, sería conveniente prescindir de él", sostiene Rika. Ayarza reconoce que los empresarios vascos han presentado una propuesta para abolirlo, aunque, a su juicio, este impuesto "no puede desaparecer tan fácilmente, porque de alguna otra forma habría que recuperar los millones que se recaudan" con él.

En la última campaña, en Álava presentaron la declaración 5.096 personas, que ingresaron 10,9 millones; en Guipúzcoa hubo 13.300 declarantes, que arrojaron un saldo de 29,8 millones, y en Vizcaya, 18.288 autoliquidaciones aportaron 54,3 millones. La evolución de este impuesto marca un progresivo y brusco descenso de la recaudación y de la cifra de contribuyentes. En 2000, las tres provincias sumaron 42.963 declaraciones, que permitieron ingresar 119 millones (un 55% más).

"Mal gestionado"

El catedrático de Hacienda Pública de la UPV Ignacio Zubiri opina que el de Patrimonio es "un impuesto menor" que está "mal gestionado". "Si mañana se aboliera, no pasaría nada, porque la recaudación es insignificante y no cumple la función de controlar los bienes de los ciudadanos", añade. "Las administraciones deben definir el objetivo que pretenden con este impuesto: o bien se concentra el control sobre las grandes fortunas, aumentando los mínimos exentos, o se abarata drásticamente para que lo declare todo el mundo".

La Asociación Española de Asesores Fiscales aboga por la desaparición de este tributo, como ha sucedido en los últimos en años Holanda, Dinamarca y Austria. En EE UU, Japón, Reino Unido, Portugal, Bélgica e Italia tampoco existe este impuesto. Francia lo mantiene para gravar exclusivamente a las grandes fortunas: con bienes valorados por debajo de 703.000 euros, los franceses no tributan. En Álava el mínimo exento está situado en los 175.340 euros y en Vizcaya y Guipúzcoa, en 187.680 euros.

Los asesores fiscales piden suprimir el impuesto del ordenamiento tributario vasco, porque "ha perdido su razón de ser": Su reflejo recaudatorio es "poco trascendente", "no controla las grandes manifestaciones de riqueza", "desincentiva el ahorro" y se rige por "criterios de valoración incoherentes" que producen "desigualdades e inseguridad jurídica".

El director de la Hacienda guipuzcoana considera que prescindir de este impuesto "no es una idea descabellada", porque en la actualidad existe una "doble imposición". El tributo grava la renta ahorrada (cuentas corrientes, acciones, fondos de inversión...) y bienes (pisos, solares y fincas) por los que ya se tributa en otros impuestos, como el de Bienes Inmuebles. La estructura del impuesto evidencia que, con pequeñas diferencias entre las tres provincias, los valores mobiliarios suponen en torno al 70% de la base imponible, mientras que los bienes inmuebles representan menos del 20%.