Putin quiere eliminar las últimas ayudas a los veteranos de Rusia

El Gobierno ruso presentó ayer por fin a la Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento) un polémico proyecto de ley para reducir de forma drástica a partir del año 2005 las prestaciones sociales gratuitas de las que gozan cerca de 33 millones de personas, entre ellos los veteranos de guerra, tales como medicamentos, tratamientos en sanatorios y transporte público.

Si se aprueba la ley, los veteranos de la segunda Guerra Mundial, por ejemplo, dejarán de tener derecho a un viaje anual a cualquier punto de Rusia y a prótesis dentales gratuitas. A cambio, recibirán 1.500 rublos mensuales (cerca de 42 euros) o de 2.000 rublos si son inválidos. Un veterano de la segunda Guerra Mundial, inválido y jubilado tras 40 años de trabajo, cobra hoy 4.200 rublos al mes, una suma respetable en relación a la pensión media rusa, de cerca de 50 euros.

El proyecto, que afecta a distintas categorías de inválidos, a los veteranos de guerra, a los represaliados por el estalinismo y a 1,3 millones de víctimas del accidente de Chernóbil, entre otros, compensará la pérdida de prestaciones con distintas sumas. Las cantidades previstas, sin embargo, aparecen ya de entrada como insuficientes para cubrir los costes de los servicios, que en su mayoría fueron heredados de la Unión Soviética. Los precios de estos servicios aumentan en Rusia a ritmo superior a la inflación media.

El proyecto de reforma, del que la opinión pública conoce hasta hoy muy pocos detalles, ha causado enorme inquietud entre los jubilados rusos, temerosos de ver aún más menguados sus exiguos ingresos. La preocupación social que se nota hoy en las múltiples llamadas a las redacciones o a los diputados de la Duma no se refleja en los medios de comunicación del Estado. El presidente Vladímir Putin no dedicó ni una palabra a la reforma, el tema más delicado de su segundo mandato, en su reciente discurso sobre el estado de la nación. La envergadura del tema es tal, que el Gobierno no pudo cumplir los plazos para la entrega del proyecto a la Duma. La Cámara, donde los partidarios del presidente tienen mayoría absoluta, prolongará sus sesiones probablemente hasta fines de julio para debatir el proyecto, que tiene nada menos que 500 páginas.

Falta de información

"La gente está asustada, porque nadie les ha informado de lo que se planea hacer", afirmaba ayer el diputado Mijaíl Zadórnov, ex ministro de Finanzas y miembro del grupo de independientes de la Duma. "La ley no ha venido acompañada de una base económica, ni compensa totalmente, ni da garantías para los servicios que dependerán de los presupuestos regionales", señalaba.

La reforma supone la desaparición de un nivel mínimo estatal en las prestaciones sociales. El Estado central será responsable de cerca de 13 millones de personas, y las regiones, de otros 20 millones. Si la ley es aprobada, el grado de cobertura social de casi diez millones de personas que trabajaron en la retaguardia durante la segunda Guerra Mundial y otros diez millones de veteranos del trabajo, así como de 770.000 represaliados políticos, dependerá del albedrío y posibilidades de los territorios donde residen. No así los irradiados de Chernóbil o los más de 4.200 héroes de la URSS y condecorados, que dependerán del Estado central. El Gobierno ha previsto asignar 171.200 millones de rublos en el presupuesto de 2005 para los dependientes del Estado central. No hay cifras para los presupuestos regionales.

La reforma se efectúa sobre el telón de fondo de los ingresos récord de Rusia por los altos precios del petróleo. Los dirigentes rusos, que gustan de hablar de la "monetarización" de los servicios y que vieron aumentada su renumeración en abril pasado, no planean suprimir los privilegios que heredaron de la nomenklatura soviética, como dachas y sanatorios gratuitos. El Gobierno no ha comenzado aún la reforma de los monopolios, que, como Gazprom, piden aumentos de tarifas superiores a la inflación.