La sindicatura descubre irregularidades en las subvenciones del Consejo del Deporte

La Sindicatura de Cuentas ha descubierto múltiples irregularidades en las subvenciones concedidas por el Consejo Catalán del Deporte desde su fundación como organismo autónomo, en 2000. El borrador del informe, aún pendiente de aprobación por el pleno de la institución fiscalizadora de las cuentas públicas en Cataluña, también cuantifica los gastos que los gestores de Convergència i Unió (CiU) comprometieron para futuros ejercicios: 90 millones de euros hasta 2013.

El informe lo elaboró el síndico Manuel Barrado -que dejó el organismo en la renovación que hubo a principios de este año- y fiscaliza el ejercicio de 2002, aunque rastrea también la actuación del consejo en 2001. El presupuesto en el año 2002 ascendía a 40 millones de euros, de los que 16 millones fueron las transferencias y subvenciones fiscalizadas por la sindicatura, "el principal gasto" del organismo.

Los gestores de CiU comprometieron gastos de la entidad por 90 millones de euros hasta el año 2013

El organismo fiscalizador exige una revisión "a fondo" del sistema de concesión y control por las "carencias" descubiertas

El informe advierte de que se concedieron ayudas sin detallar la razón, sin publicidad e incluso a entidades que no las solicitaron

El estudio, de 121 páginas, concluye con la propuesta de "revisar a fondo los sistemas establecidos para la concesión y el control de subvenciones, adaptándolos a la normativa vigente". La causa de esta recomendación es que "se han encontrado carencias en el procedimiento para otorgar las subvenciones". El trabajo tomó como base el análisis de algunas subvenciones aleatorias y advirtió muchas irregularidades.

Pese a que en las conclusiones se indica que las observaciones "no son extrapolables a la totalidad de los expedientes fiscalizados", el catálogo de incorrecciones descubiertas es muy amplio: se citan subvenciones que no respetan los "criterios de publicidad, concurrencia y objetividad"; en otros casos se concedieron sin aprobar antes las bases reguladoras, se otorgaron ayudas sin especificar la razón, en alguna ocasión el beneficiario "no llegó a solicitar la subvención a pesar de que el procedimiento debe iniciarse a instancia de parte".

Ayudas a la UFEC

El informe señala que en determinadas subvenciones de más de 300.000 euros no consta la autorización preceptiva previa del Gobierno. "Algunos beneficiarios", prosigue, "no han acreditado mediante la aportación de justificantes de gastos la realización de la actividad subvencionada" y en algún caso se han otorgado ayudas indebidamente.

Uno de estos casos descubiertos es la subvención que el consejo dio a la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), a la que en 2002 le transfirió 462.000 euros sin que conste la autorización previa del Gobierno catalán. De esta ayuda, casi 80.000 euros se otorgaron para ayudas a las federaciones catalanas, una decisión que la sindicatura desautoriza.

"El consejo no establece los criterios a partir de los cuales se distribuirá la parte de la subvención destinada a las federaciones, sino que es la propia UFEC la que distribuye la subvención sin dar explicaciones al consejo", se escribe. Y se añade: "Debe ser el ente que concede

el que establezca los criterios de evaluación de las solicitudes".

Otra anomalía se dio en los 616.000 euros que el consejo concedió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para ayudas a los deportistas de alto nivel tramitados como "transferencia" al CAR. La sindicatura considera que los beneficiarios deberían ser los deportistas, que son quienes "realizan la actividad que se subvenciona" y los que deberían percibir la ayuda, de acuerdo con la ley de finanzas.

La sindicatura también critica la subvención para el "acondicionamiento del circuito de motocross" en Bellpuig. El consejo aportó a esta obra 270.000 euros de los 661.000 previstos para su realización. El síndico señala que la gran mayoría de las facturas aportadas por el consorcio responsable (586.571 euros) "son de un año antes de la certificación subvencionada". El informe recuerda que, de acuerdo con la normativa, "las obras para las que se solicite la subvención no pueden haber iniciado antes de la resolución de la concesión".El documento de la Sindicatura de Cuentas sobre el Consejo Catalán del Deporte también da cuenta de una subvención de 189.000 euros por una obra no realizada -un refugio de montaña- y pide que se devuelva el dinero: "A fecha de la fiscalización no se ha realizado ninguna construcción ni se prevé que se realice y, por tanto, deberá reintegrarse el importe correspondiente".

El síndico denuncia que algunas decisiones se adoptaron mediante un mero "acuerdo verbal" imposible de verificar -como la falta de control sobre las actividades de la Diputación de Lleida- y pone de manifiesto otras "negligencias" en el funcionamiento cotidiano del organismo. Por ejemplo, señala que tres chóferes trabajaron "casi el doble de su jornada laboral" durante todo el año por tener que ir y volver a diario de Balaguer (Noguera) y El Vendrell (Baix Penedès), donde viven dos directivos del consejo. Entre los tres, realizaron en 2002 casi 4.000 horas extras, cuando la normativa laboral les autoriza 240.

Además, la sindicatura lamenta la "negligencia grave del organismo, la intervención y una entidad financiera" porque en 2002 se retuvieron 47.000 euros en concepto de impuesto de sociedades, del que el organismo está explícitamente exento.

El informe revela que el consejo tiene comprometido ya un gasto de 90 millones de euros hasta 2013 como consecuencia de subvenciones otorgadas para la construcción y mejora de equipamientos deportivos. Los solicitantes tenían dos vías para obtener estas ayudas: a través de un crédito al Instituto Catalán de Finanzas, que debe acabar reembolsando el consejo, o ejecutando anticipadamente la inversión y pactar después con este organismo subvenciones plurianuales.

El consejo debe atender ahora estos compromisos previos. Los 90 millones comprometidos hasta 2013 se distribuyen de forma casi idéntica hasta esta fecha: algo más de ocho millones de euros en cada ejercicio, excepto el de 2013, que tiene comprometidos siete millones de euros.