Las empresas de telefonía móvil "retardan" investigaciones policiales, según los jueces

Las intervenciones telefónicas y el seguimiento de números de teléfono móvil para efectuar grabaciones constituyen herramientas básicas de los jueces para perseguir los delitos más complejos y a sus autores. Los jueces de Madrid se muestran en general insatisfechos con la colaboración que les están prestando las tres principales compañías de telefonía móvil que operan en España. Las autoridades judiciales y policiales de la Comunidad de Madrid se detuvieron especialmente en este problema en la última reunión que celebró la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial.

En esa reunión, los mandos policiales y judiciales de la Comunidad de Madrid instaron a los magistrados a que incoen "diligencias judiciales" contra las empresas "de telefonía móvil" en el caso de que éstas "reincidan en la negativa a ofrecer" la información que les demandan los juzgados de instrucción, que son los que investigan los delitos y ordenan la interceptación de llamadas telefónicas hechas a través de móviles.

La citada comisión se reunió a fines de febrero y en ella estuvieron presentes el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Vieira; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix; el juez decano de la capital, José Luis González Armengol; el jefe provincial de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, Enrique Ulla, y el capitán Javier Rogero, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

El principal punto abordado en esa reunión, tanto por parte de los representantes de las fuerzas del orden como de los de la judicatura, fue el de los retrasos de las compañías en colaborar con los jueces en el seguimiento de los números de teléfono objeto de sus investigaciones. Todos ellos coincidieron en exponer las quejas que estaban recibiendo de jueces y subordinados en el sentido de que existe una deficiente colaboración por parte de las compañías de telefonía móvil para el esclarecimiento de los delitos. Los miembros señalaron que las distintas compañías "están retardando el envío" a los juzgados de "los datos" que se piden por los jueces en el marco de las investigaciones que desarrollan. "La comisión", según figura en el acta, "muestra su preocupación por la escasa colaboración de las empresas de telefonía móvil con la Administración de Justicia". Por ello, dio luz verde y respaldo a los jueces para que abran "diligencias judiciales" contra ellas "en caso de reincidencia en la negativa a ofrecer la información" que se les solicite.

"Una investigación judicial no puede estar a expensas de que la compañía se acuerde, o no, de enviar la información que se le pide; ni los jueces pueden estar cada dos por tres recordándole que debe enviar tal o cual información; los delincuentes son muy ágiles", se lamenta un juez de instrucción de Madrid consultado por este periódico. "Hay investigaciones en que la única forma de sorprender a los delincuentes es localizando su número de móvil y siguiendo sus conversaciones; es cierto que es difícil seguir el rastro y que el esfuerzo aumenta cuando los delincuentes cambian de tarjeta prepago, pero es la única forma de controlarles y detenerles; si las compañías no colaboran, nada se puede hacer frente a la impunidad", señala este magistrado.

"Sí hay colaboración"

Las compañías de telefonía móvil coinciden en señalar que sí colaboran con los jueces. Un portavoz de Vodafone explica que esta compañía "cumple escrupulosamente con la justicia" y que colabora con ella "en el marco de las obligaciones legalmente establecidas". "Ahora mismo estamos al día en las peticiones de colaboración con los jueces", señala el citado portavoz. Otro portavoz, éste de Telefónica, se pronunció en similar sentido. "No tenemos constancia de que exista malestar judicial en este aspecto, si bien Telefónica cumple con la obligación constitucional que tiene de colaborar con la Administración de Justicia, y colabora garantizando el secreto de las comunicaciones. Sabemos que tenemos que colaborar y así lo hacemos; aunque, a veces, no podemos hacer las cosas de manera instantánea", destacó.

Otro de los asuntos que abordó la citada Comisión de Coordinación de la Policía Judicial fue la actuación de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid. La Comisión acordó pedir a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad que inste a sus guardas forestales para que se abstengan de efectuar diligencias y recogida de pruebas en la investigación de los delitos ecológicos que adviertan. "Dichos agentes forestales", según se indica en el acta de la comisión, "deben abstenerse de toda actividad investigadora de presuntos hechos delictivos, debiendo comunicar tales hechos a la Guardia Civil".