Los funcionarios tienen un plan

El pasado mes de abril concluyó el plazo para acudir al plan de empleo de los funcionarios de la Administración General del Estado, que comprende a 530.000 trabajadores. Se han presentado siete entidades financieras y, tras una primera criba, se elegirá a la ganadora entre cuatro finalistas. Una revolución para los planes de empleo en España, aunque partirá con poco más de 50 millones de euros.

En noviembre de este año se producirá la primera aportación anual al plan con el 0,5% de la masa salarial de los funcionarios

En noviembre de 2002 se firmó el acuerdo para crear un gran plan de pensiones para los funcionarios de la Administración General del Estado. Un colectivo que, junto a fuerzas armadas y Guardia Civil, reúne a cerca de 530.000 trabajadores que disfrutarán, de esta forma, de un complemento a sus pensiones públicas. Eso sí, deberán estar en activo a fecha de mayo de este año y tener más de dos años de permanencia.

Será el Estado el que haga cada año las aportaciones a este plan de empleo, y antes del 1 de noviembre de este ejercicio deberá ingresar unos 55 millones de euros -unos cien euros por funcionario-, que se corresponden con el 0,5% de la masa salarial de este colectivo. Eso sí, no hay compromisos a más largo plazo y cada año la cuantía que alimente este plan será fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Luego, se distribuirá a cada funcionario "según los criterios fijados en las especificaciones: 75%, en función del grupo profesional, y el 25%, en razón de los trienios devengados, una cuantía fija por trienio devengado igual para todos los grupos", según información facilitada por el sindicato Comisiones Obreras. La cifra de partida es muy pequeña si se compara con los 24.265 millones de euros que había en planes de empleo a marzo de este año.

Se trata de pensiones privadas y su gestión ha salido a concurso, al que se han presentado siete entidades (Caser, Banco Popular, Banco Sabadell, Caja Madrid, BBVA, Fonditel-Banesto y La Caixa). En los próximos días, la Administración hará una selección de cuatro entidades y está previsto que antes del verano se dé el ganador. Tal y como indica Luis Peña, consejero delegado de Fonditel Pensiones, el importe de partida -55 millones de euros- no es muy importante, pero abre un campo interesante por el elevado número de partícipes del fondo. "No debemos olvidar que los grandes planes de pensiones del mundo, los que cuentan con mayor patrimonio, pertenecen a funcionarios", explica.

Comisiones

Fuentes de las entidades concursantes tampoco creen que este negocio sea un pelotazo, ya que los planes de empleo tienen limitadas sus comisiones y gastos (administrativos, compraventa de valores en los mercados, etcétera), que nunca podrán superar el 2,5% anual del patrimonio. No obstante, el coste de la gestión será una de las claves en el proceso para elegir una u otra entidad.

A la aportación que anualmente haga la Administración a este plan de empleo se puede sumar la que realicen los propios funcionarios si desean tener una pensión privada más holgada. Una opción que es voluntaria, pero que supone un atractivo añadido para las entidades financieras que compiten por gestionar este plan. Tampoco es incompatible con que el funcionario tenga su plan o planes individuales.

Este plan es de tipo empleo de promoción conjunta, donde son promotores los departamentos ministeriales y sus organismos públicos. En él se integran el personal funcionario, estatutario y laboral de los Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y de otros organismos públicos. Asimismo, se incorpora el personal de la Administración de Justicia, personal de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Como cualquier plan de pensiones, ofrece ventajas fiscales para el partícipe y las propias características de este producto. Los partícipes sólo podrán recibir el dinero en caso de jubilación, fallecimiento o invalidez, aunque se prevé su disposición en caso de enfermedad grave y desempleo de larga duración.

Asimismo, las aportaciones desgravan en la base imponible del impuesto sobre la renta, aunque cuando se percibe el dinero tiene consideración de renta del trabajo, es decir, como salario diferido. También se contempla la posibilidad de renunciar al plan, y se establece un plazo de dos meses desde la comunicación de la puesta en marcha del plan. Considera la opción de mover el dinero del plan a otra Administración pública o empresa si el partícipe se marcha.