Empresarios y sindicatos arremeten contra el Plan de Vivienda Joven de Aguirre

El Consejo Económico y Social (CES) emitió ayer un dictamen sobre el Plan de Vivienda Joven del Gobierno regional, calificándolo de "falso". Para los sindicatos representados en el CES, UGT y CC OO, se trataría "tan sólo" de una modificación parcial del decreto que regula la financiación de las viviendas protegidas. Por ello, no se puede hablar de plan, ya que no incluye "ni el programa de desarrollo ni los recursos comprometidos". Por su parte, según el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Mariano Zabía, en el dictamen no hay "ninguna crítica que desvirtúe el plan".

El dictamen del CES -un órgano consultivo de la Comunidad formado por sindicatos, empresarios y expertos designados por el Gobierno regional- "descarta" que el proyecto de decreto del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad sea en realidad un verdadero plan. "No planifica, no cuantifica, carece de un informe previo de la población demandante y tampoco se ha consensuado con los colectivos sociales", asegura Fernando Sánchez, portavoz de UGT en el Consejo. "Más bien es una especie de modificación parcial del decreto que regula la financiación de las viviendas protegidas [Decreto 11/2001]", afirma. El informe entiende que "el título del Proyecto de Decreto debería responder a la propia naturaleza del mismo", por lo que rechaza "la expresión Plan de Vivienda Protegida denominado Plan de Vivienda

Joven", que considera "inadecuada".

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Mariano Zabía, asegura que "en el dictamen del CES no hay ninguna consideración que afecte a los elementos básicos del plan, ya que, por ejemplo, no se ha puesto en duda el régimen de acceso a las viviendas". "Entiendo que se puede hablar de plan", continúa, "ya que se fijan los objetivos, el número de viviendas que se van a construir y también por qué se han pormenorizado los suelos y se ha llegado a acuerdos con los ayuntamientos donde se construirán las viviendas", afirma.

Pago aplazado

Los representantes sindicales van más lejos en sus críticas y denuncian que la modificación del decreto "oculta la creación de un parque de vivienda libre con pago aplazado", según Sánchez, ya que los inquilinos tienen una opción de compra sobre el piso que podrán hacer efectiva después de sólo siete años, en vez de la horquilla de 10 a 25 años prevista antes del cambio legislativo. "Al cabo de este tiempo, los pisos pasan al mercado libre, por lo que este proyecto vulnera el principio de vivienda protegida", afirma Sánchez, "es decir, la modificación del decreto facilita la compra de viviendas protegidas, en vez de potenciar el alquiler, lo que debería ser su objetivo".

El consejero, por su parte, insiste en que las viviendas "son de protección pública en el más puro sentido, y ese concepto es el que se subvenciona". El objetivo de la Comunidad es "dar una solución al problema que supone para los jóvenes el acceso a su primera vivienda", subraya.

Los sindicatos no creen que el plan vaya a cumplir con este objetivo debido al número de viviendas previstas, ya que "sólo se financian 500 viviendas con llave en mano en los próximos dos años, y eso es una cifra irrisoria", afirma Fernando Sánchez. Con sólo 500 viviendas "no se va a cambiar la relación entre los pisos de propiedad y los de alquiler, que ahora es del 90% y el 10%", respectivamente.

El dictamen del CES aconseja potenciar un parque de viviendas en alquiler "que permita el acceso a la vivienda a un amplio segmento de la población que, en la situación actual del mercado, no puede acceder a ella".

El dictamen también critica los requisitos para acceder a una de las 500 viviendas: tener menos de 35 años y que su nómina no supere 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, y el pago de un alquiler de 500 euros al mes. "Estos requisitos no van dirigidos a la mayoría de sectores de la juventud madrileña, ya que la mayoría no puede permitirse pagar este alquiler, que supone hasta el 85% de su renta media", afirma Sánchez.

Zabía, por su parte, mantiene que el Plan de Vivienda "beneficia al máximo número de jóvenes, ya que la nómina del 80% de ellos no excede las suficientes veces el salario mínimo como para que se queden fuera".

El CES advierte de que el decreto 11/2001 dejará de estar en vigor el 1 de enero de 2005. Por ello "insta urgentemente" a la Comunidad a elaborar un plan integral de la vivienda, consensuado y que "responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos". "Lo que pide el CES ya llevamos tiempo haciéndolo", dice Zabía, que aseguró que la modificación de la norma "se incluirá en el nuevo decreto de 2005".